El Gobierno culpa a González de enturbiar la reforma judicial y los indultos del "caso Marey"

En el Gobierno aseguran que, una vez producido el fallo del caso Marey, su intención es normalizar relaciones con el PSOE, fundamentalmente en temas de justicia -entre los que incluyen el posible indulto a José Barrinuevo y Rafael Vera-, pero se quejan de que hay un obstáculo con nombre propio: Felipe González. Fuentes de La Moncloa próximas a José María Aznar argumentan que los comportamientos, las apariciones y "la polvareda" levantada por el ex presidente del Gobierno con su decisión de sumarse como letrado al recurso de amparo de Barrionuevo y Vera ante el Tribunal Constitucional enturbia la reanudación formal de esos contactos entre el Partido Popular y los socialistas sobre temas de justicia.

Desde el punto de vista del Gobierno, la agria situación actual -que Jordi Pujol, el socio parlamentario básico del PP, ve con temor al borde de la fractura política y social- no es más que un "paréntesis" a punto de cerrarse. Fuentes gubernamentales cercanas al presidente apuntan incluso que ese "paréntesis" podría estar ya cerrado si por parte socialista dependiese únicamente de la voluntad de su secretario general, Joaquín Almunia, e incluso del candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell.En el Gobierno entienden que hay que normalizar el diálogo con el PSOE para abordar cuanto antes varios asuntos de Estado. Destacan la reforma de la justicia y la renovación de cuatro vocales del Constitucional, pendiente desde febrero. Estas fuentes aseguran no estar haciendo nada para que se liguen esas cuestiones a la actualidad palpitante provocada tras la sentencia del caso Marey, aunque algunos destacados dirigentes del PP y del Ejecutivo han promovido en los últimos días precisamente el debate contrario.

Al margen del Constitucional

Juan José Laborda, el portavoz socialista en el Senado, cámara que deberá aprobar en su día esa renovación del Constitucional, arremetió ayer contra el presidente de esa institución, Juan Ignacio Barrero (PP), quien se ha quejado de que la renovación del alto tribunal está atascada por cuestiones judiciales pendientes de resolver que afectan a los socialistas: "Estaría mucho más guapo calladito, sin hablar de cosas que no sabe". Laborda insinuó que son el Gobierno y el PP los que bloquean esa renovación de vocales del Constitucional, que según él estaban casi listas a finales de julio, porque han "prometido tantos puestos a tantos amigos que ahora no saben por dónde salir".Aunque no lo aceptan públicamente, fuentes del Gobierno sí han lamentado la actitud de González tras la sentencia del caso Marey, aunque siempre sin citar expresamente al expresidente. Sostienen que no es el mejor preámbulo para abordar en su día el estudio en condiciones normales, por parte del Consejo de Ministros, de los posibles indultos de Barrionuevo y Vera.

Fuentes próximas a Aznar en La Moncloa destacan su deseo de ayudar al PSOE a superar este momento y también valoran la buena percepción que creen percibir tanto del secretario general de ese partido, Joaquín Almunia, como del entorno del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borrell. El equipo del presidente ha concluido, tras lo sucedido en los últimos días al conocerse la sentencia condenatoria del caso Marey, que la mayoría de las reacciones "en caliente" de los afectados pueden catalogarse casi como "normales" ante un varapalo tan importante. En ese apartado incluyen el comunicado oficial del partido, las manifestaciones de Almunia, de Borrell, las del propio Barrionuevo y las de su esposa. En el Gobierno, obviamente, también incluyen en esto las réplicas de la mayoría de los miembros del Ejecutivo y del Partido Popular. Pero no las de Felipe González. No comparten ni el tono de sus respuestas ni observan qué puede aportar en positivo para el objetivo de descrispar la vida política y facilitar una consideración en buenas condiciones, y cuando proceda, del indulto a los condenados. La estrategia, así, sería distanciar a González de los otros dos máximos dirigentes del PSOE.

El Gobierno, según esas fuentes, se mantendrá al margen del asunto de los indultos de Barrionuevo y Vera hasta que ese proceso llegue, en tiempo y forma, hasta su mesa de debate. Es decir, el Ejecutivo no quiere saber nada ahora ni de quién solicita esa medida de gracia, ni de quién firma el recurso de amparo de la sentencia del Tribunal Supremo ante el Constitucional, ni de cómo se discuten esos recursos o cuándo se resuelven, ni de en qué cárcel ingresan los condenados ni cómo tramitan ante el Ministerio de Justicia sus indultos. Será a partir de ese punto cuando el Gobierno, como convinieron Aznar y Jordi Pujol en su última entrevista, demostrará que sí "tiene altura de miras".

En el Ejecutivo y en las más altas instancias del PP aluden a la "santísima trinidad" cuando se refieren al problema de los diversos interlocutores y talantes en el PSOE. El Ejecutivo sabe, porque desde el principal partido de la oposición se ha transmitido esa instrucción repetidas veces, que el interlocutor de Aznar es Almunia. En el último mes personas del entorno de ambos han intentado allanar el camino varias veces para un encuentro personal, pero éste no ha sido posible.

En el PP mencionan como un escollo el triunvirato socialista para resaltar que Borrell no acaba de hacerse su sitio en la estructura de mando y que la influencia de González no desaparece.