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Editorial:

Más madera

La Audiencia de San Sebastián ha ordenado celebrar un juicio contra los familiares de los ertzainas a los que dio muerte Mikel Otegi, "destacado miembro de la izquierda abertzale", según le definió en su día el consejero Atutxa. Los familiares habrán de responder de las supuestas amenazas proferidas contra Otegi y su abogado durante el juicio en el que un jurado popular declaró al primero "no culpable" por considerar que estaba borracho cuando disparó. Casi al mismo tiempo se ha conocido una sentencia de una juez de San Sebastián estimando la reclamación de Mikel Arregi, dirigente de Herri Batasuna encarcelado por colaboración con banda armada, de cobrar el subsidio de paro. Aun cuando la valoración sobre esas resoluciones sea diferente, no dejan de ser ambas sintomáticas de la singular situación de la justicia en el País Vasco. Mejor dicho, de la singular situación de la sociedad vasca actual, marcada por el miedo.Las supuestas amenazas fueron expresadas en la vista pública cuando se proyectaban imágenes de la autopsia de los agentes. La madre de uno de ellos gritó frases como "esto no va a quedar así, animal" y "la culpa la tiene el que defiende a ése, habría que matarlo".

El resultado es el siguiente: el autor confeso del doble crimen se encuentra en paradero desconocido -su abogado dijo que también Otegi "tenía derecho a unas vacaciones"-, por lo que no será posible la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Superior de Euskadi; mientras que los familiares de las víctimas serán juzgados por expresar a gritos su indignación contra el autor del crimen. Es absurdo. La justicia debería ser capaz de evitar situaciones absurdas, y así lo entendió el tribunal que inicialmente instruyó la causa, ordenando su archivo. Pero la Audiencia ha anulado ahora el archivo, estimando el recurso del abogado de Otegi.

La plataforma Hemen Gaude (Aquí Estamos), constituida a raíz del asesinato del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, ha considerado "esperpéntico" todo el proceso que culmina con el enjuiciamiento de las víctimas. Esa plataforma era calificada ayer de "organización parapolicial" en un comunicado difundido por el "equipo de abogados" de Mikel Otegi. Nadie ignora lo que en Euskadi significa "organización parapolicial", especialmente los familiarizados con los textos internos de ETA y KAS. Ayer mismo se publicaba en EL PAÍS un escrito intervenido en mayo por la policía en el que se acusaba a la Ertzaintza de practicar la "guerra sucia".

Es habitual en Euskadi que los agresores pretendan ser tenidos por víctimas y que los mismos que se consideran ofendidos por cualquier cosa -como la reacción de una madre ante el asesino de su hijo- se consideren con derecho a deslizar contra los demás acusaciones calumniosas. Cuentan con que nadie se atreverá a rechistar. En otro documento de KAS intervenido hace poco por la policía sobre la organización de una red de información se proponía archivar datos de diversas personas, especialmente miembros de la Ertzaintza, que "se pensarán muy mucho antes de actuar".

En Euskadi ocurren cosas que serían increíbles en cualquier otro lugar del mundo. El miembro de la Mesa Nacional de HB que reclama cobrar el paro alega -y la juez lo acepta sin inmutarse- que, además de sus tareas como político, realizaba otras como administrativo de dicha formación, concretamente como encargado de la "aplicación política de Oldartzen en el ámbito organizativo". Oldartzen (palabra que podría traducirse como ofensiva) es el nombre de la ponencia que ha venido orientando la actividad de ese mundo desde finales de 1994. Concretamente, la política de "socialización del sufrimiento" que se ha manifestado en la kale borroka (lucha callejera) y otras técnicas de intimidación que desde hace años arrasan Euskadi, y algunas conciencias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de agosto de 1998