Ibarretxe revela que el "lehendakari" disolverá el Parlamento en el consejo del próximo 31 de agosto

El lehendakari, José Antonio Ardanza, anunciará el próximo 31 de agosto en San Sebastián la disolución del Parlamento vasco y la convocatoria oficial de elecciones autonómicas para el 25 de octubre, según reveló ayer el número dos del Ejecutivo y candidato del PNV, Juan José Ibarretxe. El vicelehendakari pidió a los socialistas que recobren la calma y acepten la sentencia del caso Marey. Mientras, el secretario del PSE, Nicolás Redondo Terreros, acusó a los peneuvistas de haber radicalizado su mensaje porque tienen que "competir en el mismo espacio que el PP".

Los políticos vascos viven desde hace meses enfrascados en una precampaña electoral con el objetivo de ir concitando para las próximos comicios autonómicos el mayor número de adhesiones posibles. La fragmentación política en el País Vasco obliga a efectuar coaliciones y buscar socios para asegurar la gobernabilidad al partido que consiga un mayor porcentaje de voto. Finalmente, será en el tradicional Consejo de Gobierno que el Ejecutivo de Vitoria celebra en San Sebastián para dar por concluidas sus vacaciones de verano cuando Ardanza firme los decretos de disolución del Parlamento autonómico y de convocatoria de los comicios en la ya conocida fecha del 25 de octubre. Una de las cuestiones que, sin duda, será abordada en todas sus vertientes, tal y como están manifestando repetidamente los políticos, será la de la violencia. El candidato del PNV cree que la búsqueda de la paz no debe estar condicionada por las elecciones del 25-O. "Cada vez que perdemos un minuto desperdiciamos energías y en algunos casos, desgraciadamente, vidas humanas y en el objetivo de alcanzar la paz no podemos permitirnos tiempos muertos y debemos seguir trabajando existan o no comicios", recalcó Ibarretxe. De su lado, el secretario de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, manifiesta sobre ese mismo asunto en una entrevista concedida a la revista Españoles en el Mundo que la violencia está sirviendo "de coartada a algunos para no hablar de los demás problemas que tiene este país: el paro, la sanidad, la vivienda y la reindustrialización". Redondo acusa al PNV de estar radicalizando su mensaje porque tiene que competir con el PP por el mismo espacio electoral. El dirigente socialista agrega que en el País Vasco existe una democracia "parangonable" a la de cualquier país europeo y que el único límite está en la actuaciones de los violentos y de quienes les ayudan. "Está claro que si no existiera el terrorismo, tendríamos un desenvolvimiento plenamente democrático y el país tiraría adelante con muchísimo más dinamismo", afirmó. Tregua El vicelehendakari se refirió a las recientes declaraciones del portavoz de Herri Batasuna, Arnaldo Otegi, en las que afirma que el PNV debe hablar directamente con ETA para tratar la posibilidad de una tregua. Dijo al respecto: "Es entre los partidos políticos, sin excepción, entre los que debemos hablar y tratar de alcanzar acuerdos". El candidato del PNV aludió a la reciente sentencia del Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey y pidió a los políticos que no se entrometan en la Justicia. Por ello dijo que "sería interesante que el partido socialista recobrara la calma y aceptara la sentencia" del caso Marey. Ibarretxe realizó estas manifestaciones ayer en Azpeitia (Guipúzcoa), donde participó junto a los miembros de los gobiernos provincial y local en los actos tradicionales de las fiestas de ese municipio, en sustitución del lehendakari, convaleciente aún de su reciente intervención quirúrgica. El número dos del Gobierno vasco lamentó que políticos y jueces tengan "la rara habilidad de jugar" en su campo y en el que no es el suyo, cuando, en realidad, "lo que hace falta es dejar trabajar a la justicia y respetar las sentencias que se produzcan". El fallo del caso Marey hace, según Ibarretxe, "apreciaciones constitutivas de delitos muy graves que afectan a la responsabilidad que han tenido altísimos cargos del PSOE" por "las graves tropelías que se cometieron por parte del GAL". En su opinión, "la ciudadanía tiene derecho a conocer qué es lo que pasó a lo largo de ese tiempo, ya que una sociedad justa es la que combate la injusticia y tan grave es que alguien que no ha cometido delitos pague por lo que no ha hecho como que quien los ha cometido no pague por ello".