EU se querella contra el alcalde de L"Alcora y una empresa azulejera. L"Alcora reconoce que la obra de la planta cerámica es ilegal

Esquerra Unida (EU) cumplió ayer su palabra y presentó una querella, en nombre de un colectivo ecologista vinculado al partido, contra una empresa azulejera y el alcalde de L"Alcora (L"Alcalatén). La querella acusa de supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevarización al alcalde de L"Alcora, Francisco Javier Tomás, del PP; al gerente de la sociedad Azulejos Mallol, SA, Joaquín Mallol Casañ; al gerente de la empresa constructora Gestión Técnica Industrial, Alberto Usó Ortiz, y a la arquitecto municipal, Silvia Segura de León. Los denunciantes les acusan de iniciar y consentir la edificación de una planta de producción cerámica en suelo catalogado como no urbanizable, cuando en L"Alcora "aún queda suelo industrial, aunque más caro". La denuncia la presenta el colectivo ecologista Idea (Institut d"Estudis Ambientals), que también está al frente de las reivindicaciones de EU para preservar el marjal de Massamagrell. La querella la firma José Luis Ramos Segarra, abogado de Idea y asesor de EU en el Ayuntamiento de Valencia. El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de L"Alcora reconoció ayer a este periódico que las obras de edificación de esta planta cerámica en suelo no urbanizable "son ilegales". Pero los populares matizan que las obras son "legalizables" y estarán legalizadas en breve cuando acabe de tramitarse la declaración de interés comunitario para la construcción de la planta azulejera. Esta declaración de interés comunitario "empezó a tramitarse antes de que empezaran las obras y está muy avanzada, porque ya ha recibido los informes favorables de Medio Ambiente y Carreteras", según explica un edil del PP, que ha solicitado mantener el anonimato. ¿Por qué ha autorizado el PP la edificación de la planta cerámica en suelo rústico cuando el terreno industrial de L"Alcora aún no se ha agotado? Los populares replican que el suelo industrial que queda ya está reservado para las ampliaciones de varias empresas ubicadas en el municipio. En cambio, los querellantes señalan que el precio medio de mercado del suelo industrial ronda las 10.000 pesetas el metro cuadrado, mientras que los 66.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable adquiridos por Azulejos Mallol están "por debajo de las 1.000 pesetas por metro cuadrado". Por eso, EU está convencida de que la empresa ha intentado hacer negocio pagando 10 veces menos por el suelo que necesitaba para su planta cerámica. Azulejos Mallol estaba muy interesada en este suelo rústico, situado a cinco kilómetros de L"Alcora, porque cuenta con servicios de agua, gas y energía eléctica. El PP justifica que este terreno está muy cerca de una zona industrial (una explotación minera). Los populares propusieron declarar este suelo rústico como industrial, pero como gobiernan en minoría perdieron en la votación en el pleno ante la oposición del PSPV, EU y BNV. Permisividad del alcalde El portavoz del PSPV, como recoge la querella, denunció la supuesta ilegalidad de la licencia de obras menor concedida por la Comisión de Gobierno a Azulejos Mallol el pasado 9 de marzo. La querella añade que la arquitecto municipal emitió un informe favorable al expediente de declaración de interés comunitario -solicitado por la azulejera- "omitiendo en ese informe todos aquellos requisitos que la solicitud no cumple, a pesar de serle conocidos por las veces que la oposición lo ha manifestado". También denuncian que tras finalizar el movimiento y aplanamiento de tierras, para el que tenía permiso, la empresa siguió realizando las obras de edificación de una planta cerámica. En la querella reprochan que el alcalde conoció estas obras de construcción de la planta y no ordenó su cese, a pesar de que no tenían licencia y se realizaban en terreno no urbanizable. El PP dice que desconocía que hubieran empezado las obras de edificación. Los querellantes piden una fianza de 10 millones de pesetas.