Hacia el futuro

EL PARTIDO socialista parece haber asumido al fin que debía plantear su respuesta a la sentencia del caso Marey con la vista puesta en el futuro y en su papel de alternativa de Gobierno. El acatamiento explícito de la sentencia condenatoria, aunque sea al precio de expresar un desacuerdo radical con ella, y la decisión de evitar un proceso general a la transición, que conduciría a revisar el comportamiento como mínimo de los predecesores de Barrionuevo en Interior, revelan que el PSOE ha sabido sobreponerse y racionalizar la primera reacción espontánea de rebelión ante uno de los momentos más amargos de su historia.La contribución del socialismo a la transición y a la construcción del sistema democrático, sus más de 13 años de gestión de gobierno en los que España se incorporó a las instituciones europeas, modernizó la sociedad, liberalizó las costumbres y aumentó el bienestar de los ciudadanos, y su imprescindible función actual de partido de alternativa no pueden quedar borrados de un plumazo por esta sentencia ni por una especie de causa general contra el socialismo. El PSOE tiene todo el derecho a reivindicar este balance, como lo tiene a defender la inocencia de sus militantes.

La resolución de la Ejecutiva del PSOE de ayer se acompaña de una declaración muy significativa: "Queremos, precisamente en el día de hoy, condenar nuevamente cualquier forma de lucha ilegal contra el terrorismo", dice. La Ejecutiva disiente de la sentencia, porque considera que no hay pruebas de la participación de Vera y Barrionuevo en los delitos y porque piensa que el proceso ha surgido de un montaje político y mediático para desalojar a Felipe González de la vida política, pero no porque se sitúe por encima de las leyes o no sea partidaria de que los tribunales deban perseguir a quienes utilizan el terrorismo, aunque sea desde las instituciones del Estado.

La reacción de Barrionuevo en el Supremo es comprensible en una persona que se considera inocente pero ha sido condenada; pero el camino elegido para expresar su discrepancia no es el más adecuado para sus intereses personales, y menos aún para colmar los objetivos que el propio PSOE señala en su comunicado de "defender la estabilidad y la fortaleza de nuestra democracia". Después de recoger la sentencia, pronunció ayer un mitin populista en las puertas del Supremo que no ayuda a la sobriedad que requiere el momento. El derecho a seguir defendiéndose, a utilizar todas las vías de amparo y de revisión ante los tribunales Constitucional y de Estrasburgo, y su negativa a aceptar el indulto -en la presunción de que sería reconocer su culpabilidad- no debiera estar en contradicción con el mensaje de sosiego y de acatamiento de la sentencia que ha defendido su partido.

No es la única reacción lamentable. El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, estableció hace días una simetría entre el secuestro de Marey y el de Ortega Lara, entre los GAL y ETA. Aunque sólo sea porque unos dejaron de matar hace doce años y otros siguen matando sin tregua, esto revela el cínico aprovechamiento político del que algunos son capaces, utilizando para ello un doble rasero judicial que les permite rechazar un día la sentencia condenatoria dictada por el Supremo contra la cúpula de HB y apelar al día siguiente a la autoridad incontestable de ese tribunal. Nada nuevo aportan declaraciones como las de IU, que reclaman la ejecución inmediata de la sentencia y elevan el tiro político.

El partido del Gobierno ha controlado por ahora su respuesta a las duras acusaciones del PSOE, que en su declaraciones de ayer señala directamente al PP como responsable de una campaña implacable que, a juicio de los socialistas, ha interferido y condicionado la independencia de los jueces.

La discreción mantenida hasta ahora por el Gobierno y la moderada respuesta oficial del PP indican un cierto cambio de tonalidad, que ayuda a rebajar la tensión que se atisba en la sociedad española por este caso. Bienvenida sea esta moderación reciente del PP, por tardía que resulte y por mucho que a los socialistas les parezca un ejercicio de hipocresía después de haber conseguido el objetivo de lograr la condena de un ex ministro y dañar así la imagen de su principal antagonista político.

El llamamiento de Jordi Pujol a la magnanimidad y a que no se trate de obtener ventaja política de esta sentencia pone de manifiesto una vez más que la pelea política puede ser compatible con la convivencia. Ése es el principal legado de la transición, invocado por uno de sus últimos supervivientes. ¿Es pedir mucho que este espíritu pueda ser reactivado por todas las formaciones políticas?