Bruselas garantiza la totalidad de los fondos estructurales para la Comunidad hasta el 2001

La Comunidad Valenciana mantendrá la totalidad de los recursos que recibe a través de los fondos estructurales que distribuye la Comisión Europea "durante los dos o tres primeros años" del periodo entre el 2000 y el 2006 aunque pierda la condición de Objetivo 1, según anunció ayer Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, tras la reunión que mantuvo en Bruselas con la comisaria de Política Regional, la alemana Monika Wulf-Mathies, responsable del grupo de trabajo que debe establecer los criterios de reparto de los fondos estrucuturales.

Zaplana, quien acudió a Bruselas en calidad de presidente de la comisión del Comité de Regiones (CdR) que se ocupa precisamente de Política Regional, aseguró que la comisaria había confirmado que las regiones europeas que pierdan la categoría de Objetivo 1 disfrutarán de un periodo transitorio que durante "los dos o tres primeros años equivaldría al 100% de los recursos que están percibiendo en este momento". Pese a no descartar la posible permanencia de la Comunidad Valenciana dentro de la categoría más generosa de las ayudas comunitarias, Zaplana se esforzó en subrayar que la pérdida del Objetivo 1 no implicará una reducción drástica del nivel de inversión comunitaria. "Tenemos muchas posibilidades de quedarnos en el Objetivo 1, pero no nos perdamos en terminologías absurdas", dijo, "lo que interesa son los recursos que van a llegar a una región para garantizar su cohesión. En este sentido la satisfacción en el día de hoy es absoluta". Las declaraciones de Zaplana no implican que la Comunidad Valenciana vaya a recibir un tratamiento especial de parte de la Comisión Europea. La propuesta es genérica y extrapolable a todas las regiones que pierdan la consideración de Objetivo 1 puesto que el presidente valenciano actuaba ayer como presidente de la comisión de Política Regional del CdR. Fuentes de la Comisión Europea indicaron que la propuesta de Wolf-Mathies "sólo garantiza el mantenimiento de la intensidad de ayuda propia del Objetivo 1 durante los dos primeros años". "En este periodo", según estas mismas fuentes, "las regiones continuarán siendo, en la práctica, Objetivo 1". Respecto al resto del septenio, la Comisión todavía no ha hecho pública su propuesta aunque sí ha anunciado que se aplicará una reducción escalonada de los fondos. El presidente de la Generalitat también rechazó pronunciarse sobre el porcentaje total de fondos que podría mantener la Comunidad Valenciana si efectivamente perdiera la consideración de Objetivo 1. Ésta es, sin embargo, la clave de la negociación. Hasta que no se conozcan con exactitud las condiciones del periodo transitorio en su totalidad no se podrán calcular los recursos que están en juego. La Comisión Europea no tiene previsto pronunciarse oficialmente al respecto antes del primer trimestre de 1999. La Comunidad Valenciana es una de las 60 regiones europeas calificadas como Objetivo 1 a la hora de distribuir los fondos estructurales, lo que ha supuesto un aporte creciente de fondos europeos desde 1989. Entre 1994 y 1999, la Comunidad Valenciana habrá recibido un total de 1.040 millones de ecus -174.720 millones de pesetas - en ayudas de la UE. La Unión negocia ahora el nuevo paquete de inversiones para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006. Las críticas de los países más ricos del club europeo, contribuyentes netos conocidos como la banda de los cuatro - Alemania, Holanda, Suecia y Austria-, sobre el "excesivo" coste de la política estructural llevó a la Comisión Europea a presentar, el pasado 18 de marzo, un proyecto reglamentario mucho más austero que el precedente. De momento, la Comisión Europea ha propuesto que sólo las regiones con una renta por habitante inferior al 75% de la media comunitaria puedan formar parte del Objetivo 1, una partida que absorbe dos tercios del presupuesto de solidaridad interregional. La Comisión exige, en esta ocasión, una aplicación estricta del criterio de renta, una iniciativa que pone en peligro las ayudas que reciben la Comunidad Valenciana y Cantabria, dos regiones que superaban el límite de renta según los indicadores correspondientes a 1995. La propuesta de Wulf-Mathies no será definitiva hasta que los Estados lleguen a un acuerdo en la reunión del Consejo Europeo, instancia que debate en la actualidad el borrador y que tiene la última palabra en esta materia. Sin embargo, la dificultad para alcanzar un acuerdo unánime de los 15 miembros de la UE convierte a la propuesta de la Comisión en un sólido referente. La Generalitat confía en que los jefes de Estado y de Gobierno de los Quince no se pronuncien sobre los nuevos reglamentos hasta la fecha límite, que ha sido fijada en marzo de 1999. En ese momento se podría disponer de los datos de población y sobre el Producto Interior Bruto correspondientes a 1996. Según la Generalitat, la Comunidad Valenciana habrá sufrido ese año una explosión demográfica que tendría como resultado una reducción de la renta per cápita que modificaría el balance total de los tres años que la Comisión utilizará como referente. El silencio de la Comisión al respecto es absoluto: "No podemos hablar de casos concretos hasta que el Consejo no apruebe los reglamentos", señaló un portavoz de la Comisión.