El Gobierno aprueba el reparto del consumo del agua en las grandes cuencas

El Gobierno aprobó ayer el decreto que regulará el uso del agua en España en los próximos 20 años. Han pasado 14, desde que la Ley de Aguas (1985) ordenaba la planificación de los recursos hídricos del país. Si se hubiera cumplido ese mandato, los planes hidrológicos de cada cuenca aprobados ayer ya deberían estar en proceso de revisión. No ha sido así. Los conflictos surgidos durante la fuerte sequía del periodo 1992-95 y el cambio de Gobierno han demorado el consenso necesario entre todos los usuarios para fijar unas reglas de juego sobre el consumo del agua disponible en cada cuenca.

Ni una coma han variado los proyectos que se consensuaron en cada cuenca con lo que se aprobó ayer. El agua disponible en España no ha variado. Es la que hay: 47.000 millones de metros cúbicos, de los que 2.000 están en el subsuelo en condiciones normales. En teoría es suficiente para satisfacer las demandas cifradas en 37.000 millones de metros cúbicos. Pero el hecho de que la mayor parte esté desigualmente repartida en el territorio nacional y escasee donde es más reclamada ha obstaculizado sobremanera el cumplimiento del encargo ordenado por la Ley de Aguas.Los planes comenzaron a aprobarse a mediados de junio de 1993. Un año después, el Consejo del Agua de cada cuenca, donde están representados las administraciones públicas y todos los usuarios iniciaron su aprobación definitiva para remitirlos a informe por el Consejo Nacional del Agua (el pasado mes de abril) y su posterior ratificación por el Gobierno.

Este largo proceso de tramitación se paró en 1995 por la oposición de Castilla- La Mancha a sellar los planes del Tajo, Júcar y Segura, cuyas cabeceras nacen en esta comunidad autónoma. La última sequía dio pie a una guerra del agua entre los usuarios de la cuenca del Segura por la negativa de Castilla-La Mancha a ceder agua al trasvase Tajo-Segura. En caso de hacerlo, la región se quedaría sin recursos para cubrir sus propias necesidades.

Con los socialistas en el gobierno, su correligionario, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, llevó a los tribunales las cesiones de agua al travase. Con la cuenca del Júcar sucedió algo parecido. Bono reclamaba el derecho a usar el agua de su cabecera para atender el déficit de abastecimientos de Cuenca y Albacete, así como la garantía de futuras dotaciones para convertir en regable una zona de La Mancha Oriental, declarada de interés nacional por el ex ministro de Agricultura, Carlos Romero. Lo que Bono no consiguió del Ejecutivo socialista lo logró a plena satisfacción del Gobierno del PP, quien pudo sacar adelante los tres planes entre abril y agosto del año pasado.

Los siguientes pasos de los planes de cuenca han sido un paseo casi triunfal, a no ser por las objeciones surgidas del propio Gobierno. En el Consejo Nacional del Agua, la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, hizo saber que las previsiones de nuevos regadíos, sumados todos los planes de cuenca -1.170.000 hectáreas-, son inasumibles por el país, habida cuenta de que hay pendiente de modernización otro millón adicional. Ni hay recursos para esa conversión, ni la política agraria de la Unión Europea lo permitirá. Sólo son asumibles 200.000 hectáreas. Ni una más, según el avance de regadíos que dejó hecho su antecesor Luis Atienza.

15.000 folios

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, salió al paso ayer de estas objeciones al afirmar que los planes no son otra cosa que el inventario de agua disponible y las demandas para los distintos usos; su jerarquización y la asignación de derechos para satisfacer esas demandas. "De ninguna manera condicionan las políticas sectoriales, ni agrícolas ni industriales, que se llevarán a cabo en función de su viabilidad económico-financiera por otros ministerios, las comunidades autónomas o los usuarios".Los más de ocho billones de pesetas en que están presupuestadas las obras hidráulicas previstas -embalses, conducciones, restauración de riberas- carecen de cobertura financiera, recalcó la ministra. Que aparezcan en un listado, vino a decir, no significa que se vayan a ejecutar.

La clave de los planes de cuenca no radica pues en las obras potenciales, sino en la ordenación de los usos y derechos del agua; los caudales mínimos ecológicos, los perímetros de protección de los cauces o la calidad del agua, aspectos que están recogidos en unas normas de obligado cumplimiento para todos los usuarios. "Era necesaria su urgente aprobación por la indefensión jurídica en que se encuentra la gestión del agua, agravada con las medidas excepcionales adoptadas durante la sequía", declara un portavoz de Medio Ambiente.

Los planes ocupan más de 15.000 folios. Una edición de síntesis será publicada en el BOE, previo informe del Consejo Nacional del Agua, en un plazo no superior a los nueve meses. Pero su edición completa estará disponible y accesible al público en el Ministerio, autonomías y en todas las sedes de las Confederaciones Hidrográficas. No se descarta su edición en CD-ROM.

Isabel Tocino entregará el próximo viernes a los ministros ediciones del Libro Blanco del agua para que lo lean en vacaciones. Será el aperitivo del anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional enfocado a diseñar el mapa de trasvases de agua a las cuencas con déficit. La portavoz socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cree que lo aprobado ayer no es más que una operación de imagen del PP, ya que su desarrollo dependerá de la iniciativa privada y carecen de evaluación de impacto ambiental. Los ecologistas de Greenpeace, CODA y SEO estiman que consagra una política hidráulica basada en el cemento y hormigón, que nada tiene que ver con lo que decía el PP cuando estaba en la oposición