La Cámara baja del Parlamento abordará con urgencia el saneamiento de las instituciones bancarias en crisis

La ley para reflotar se acelera. La Dieta o Cámara baja del Parlamento japonés celebrará una sesión extraordinaria, seguramente el 7 de agosto, para poner a punto algunos de los instrumentos previstos pero aún no aplicados para sanear las instituciones con mayores problemas.Así lo anunció ayer el ministro de Finanzas, Hikaru Matsunaga, en consonancia con la prioridad que el nuevo líder del PLD da a este problema. "Hemos terminado el borrador, que no difiere de las ideas de la oposición", aseguró. También ayer, la Agencia de Supervisión Financiera, creada el 22 de junio, inició su inspección sobre ocho de los 19 principales bancos, que totalizan más de la mitad de los préstamos dudosos.

El proyecto de ley contempla la creación de un mecanismo básico, los bancos-puente, algo similar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español, pero con dos grandes diferencias, en principio: no hay una sola entidad fuerte para canalizar todos los bancos que deban intervenirse, y sólo el sector público financiará los reflotamientos. Los bancos-puente, públicos, deberán sanear los bancos en crisis, revendiendo los créditos a clientes solventes (o bien administrándolos, con nuevos fondos, para no estrangular su financiación, lo que agravaría la crisis) y aparcando los malos en una especie de sumidero.

"Burbuja financiera"

La inyección de dinero público irrita a la opinión pública, que considera a la banca corresponsable -junto a las compañías constructoras, frecuentemente vinculadas a ella- del encarecimiento de la vivienda en la época de la burbuja financiera, que pinchó a principios de los años noventa.Su desenlace ha supuesto, además, la devaluación, en un 70%, de los pisos adquiridos antes: el comprador sigue pagando la misma hipoteca -cierto que a tipos de interés todavía muy bajos- por algo que vale en realidad sólo un tercio de su precio de adquisición.

Los ciudadanos también están molestos porque ignoran cómo se plasmarán las promesas de que se exigirán responsabilidades (dimisiones) de los malos gestores bancarios, y, sin embargo, ya está claro que el saneamiento se pagará con sus impuestos, presentes o diferidos (presupuesto o bonos de déficit). La crisis bancaria es uno de los principales cuellos de botella de la actual coyuntura recesiva japonesa. Ha generado una cadena de bancarrotas empresariales y desempleo, y ha provocado el racionamiento del crédito a las pequeñas y medianas empresas.

La cantidad de préstamos oficialmente dudosos alcanza los 87,5 billones de yenes (81,5 billones de pesetas). Esa cifra no incluye los fallidos, que teóricamente ya han sido provisionados por los bancos, a cargo de beneficios. El problema es que la definición de préstamos dudosos es genérica y ambigua. Son los que exhiben un "riesgo superior al normal". La indefinición posibilita las fantasías contables, algo con lo que los supervisores deben terminar, pero carecen de base normativa detallada y de experiencia de cuerpo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la Inspección del Banco de España.

Los mecanismos no están, pues, maduros, pero el dinero está ya disponible. El Gobierno aprobó en febrero la disposición de 30 billones de yenes (entre presupuesto y bonos de apelación al déficit). De ellos, 17 son para evitar el pánico y el efecto caída en fichas de dominó, garantizando todos los depósitos individuales y los créditos institucionales concedidos por un banco u otra entidad a los bancos con problemas.

De los 13 billones sólo se han usado 1,8 billones, con un criterio sorprendente, el reparto igualitario. Las grandes entidades han recibido subvenciones casi exactas para reforzar su balance. Ni se premia a los buenos ni afloran los malos.