Matar el PER

Sólo hay que dar un ligero vistazo a las hemerotecas y situarnos en 1996 y años anteriores para conocer lo que piensa la derecha del PER. Esa opinión negativa del subsidio ha servido durante más de una década para criminalizar a los alcaldes progresistas y, lo que es peor, identificar a los trabajadores del campo con la corrupción laboral. Alguien alguna vez debiera decir que el PER ha servido y está sirviendo para transformar los pueblos andaluces y extremeños, dotándolos de los servicios más esenciales: luz, agua, alcantarillado, edificio de contenido social... de todo aquello que el desarrollismo franquista nos negó a las regiones del sur. Alguien alguna vez debiera decir que el subsidio agrario y el PER ha dignificado las condiciones de vida de los jornaleros del campo. Trabajadores que van y vienen de la fresa a la costa, de la costa al verdeo, del verdeo a la aceituna negra y que el subsidio y el PER les permiten parar el largo resto de los meses medioeducando a sus hijos. Éstos son los hombres y mujeres que ha criminalizado el PP. Alguien debiera decirlo y ese alguien son los sindicatos de clase. Pero, al fin y al cabo, el discurso de algunos "sindicalistas del campo" es el mismo discurso, desde distinta óptica, que el del PP: la derecha culpa al PER de que en Andalucía y Extremadura se vote contra la derecha. Como si los trabajadores no tuvieran otros motivos para no votarla. Algunos sindicalistas culpan al PER de la falta de implantación y protagonismo sindical en el medio rural. No hay nada más fácil y reaccionario que culpar a los demás de la incompetencia propia. La derecha quiere mano de obra hambrienta para negociar con comodidad los convenios, o para incumplirlos. Los enemigos del PER están negociando su futuro: el Gobierno del PP, que nunca creyó en el sistema, tiene tomada una decisión: "Matar el PER". Por un simple cálculo electoral, necesita dos premisas: tiempo para hacerlo gradualmente y un cómplice para diluir su culpa. Mientras tanto, tres administraciones que aportan dinero y medios no participan en las negociaciones: la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos. Sin duda, los jornaleros y jornaleras lamentarán estas ausencias.-