Libertad provisional

LA DESCONVOCATORIA de la huelga del personal de tierra de los aeropuertos es un alivio para muchos ciudadanos españoles, cuyo comienzo de vacaciones a finales de julio y principios de agosto amenazaba con convertirse en un nuevo ejercicio de tortura y desamparo en las instalaciones aeroportuarias. El acuerdo entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y los sindicatos concede a los trabajadores sus exigencias retributivas, que costarán a la empresa en torno a 1.200 millones anuales a cambio de algunas mejoras en la productividad. Como en el caso del conflicto de los controladores aéreos, estamos ante un acuerdo in extremis, insuficientemente explicado y en el que los viajeros han sido utilizados como rehenes en una negociación en la que finalmente el Gobierno se ha plegado a las peticiones de los sindicatos.Tales circunstancias obligan a preguntar si el Gobierno y AENA tienen algún tipo de política laboral para encauzar los conflictos con sus empleados sin necesidad de trasladar los costes del enfrentamiento a los castigados usuarios de las líneas aéreas. Ha bastado que los sindicatos de los trabajadores de tierra amenazaran con una huelga los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto para que la dureza retórica de Fomento y AENA se disolviera como un azucarillo en el agua y las peticiones de los huelguistas fueran satisfechas, con la coartada, eso sí, de una "maratoniana jornada de negociación" y unas mejoras de productividad más bien imprecisas.

De la evolución de este conflicto y del intercambio de amenazas y gestos de inflexibilidad cabe deducir que AENA carece de modelo laboral para los servicios de los aeropuertos; y que va cediendo sucesivamente a las exigencias que plantean los colectivos de empleados, sean controladores o personal de tierra, cuando éstos amenazan con extender el caos a los viajeros.

El Gobierno es el responsable de garantizar la normalidad de los desplazamientos de los ciudadanos; pero es un error fiar tal normalidad a negociaciones compulsivas de última hora. La política adecuada es desarrollar convenios laborales estables, de larga duración, que comprometan a los trabajadores y a sus representantes a no utilizar como arma arrojadiza su capacidad de arruinar las vacaciones de los españoles.

El acuerdo con el personal de tierra confirma que AENA no ha hecho estos deberes, que requieren un esfuerzo negociador permanente para convencer a los sindicatos de que sus exigencias deben dirimirse sin atentar contra el derecho de los ciudadanos a desplazarse sin contratiempos. Aunque la desconvocatoria de la huelga de ayer deja a los viajeros en libertad provisional, es de temer que puedan volver a ser secuestrados cuando estalle cualquier otro conflicto de los que de modo sistemático afectan a los aeropuertos españoles, con la pasividad de sus autoridades.