Turismo aprueba privatizar la inspección y dejarla en manos de concesionarias

El consejo de dirección del Departamento de Comercio, Industria y Turismo ha aprobado el Proyecto Prisma, que deja en manos de empresas privadas concesionarias la inspección de hoteles, agencias de viaje, empresas explotadoras de apartamentos y cámpings: un total de 5.412 establecimientos en los que se realizan 1.858 controles por año, según datos oficiales. Esas inspecciones, hasta ahora gratuitas, pasan a ser de pago, lo que ha sentado mal en algunas agrupaciones catalanas de hoteleros

La medida ha sido fuertemente criticada por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), ya que afecta directamente a los 24 inspectores de turismo del departamento. En conjunto, la aplicación del Proyecto Prisma afectará a 114 inspectores. Además el plan también prevé reducir un 60% las tareas administrativas. También ha sido mal recibida entre los usuarios porque el sistema reproduce el de la inspección técnica de vehículos y supondrá de hecho una sobrefiscalidad, ya que deberán pagar las tarifas de la inspección. El Proyecto Prisma prevé que cada inspección dure ocho horas como mínimo y establece en 10.000 pesetas el coste de cada hora. De ello se deduce que las concesionarias obtendrán unos 150 millones de pesetas anuales de negocio. El programa, cuyo director es Narcís Mir, subdirector general de Seguridad Industrial, también prevé dar en concesión la inspección de minas (1.278 establecimientos), que supuso 552 controles en 1997, y la de las instalaciones petrolíferas, incluidas las gasolineras. Las concesionarias gestionarán, además, las reclamaciones económicas por falta de calidad del servicio o por presunto fraude de energía eléctrica, entre otras. De todo ello, CC OO deduce que se producirá una caída del volumen de trabajo de aproximadamente el 60% del que se viene realizando en el departamento, que actualmente tiene 850 empleados. Críticas a Subirà Joaquim Dodero, miembro de la ejecutiva de la Federación Sindical de Administraciones Públicas (FESAP) de CC OO, explica: "Sobre todo pretenden desregularizar la actividad de control y externalizar la tramitación administrativa de los procesos de autorización y licencia tras la presentación de documentos". El documento en el que se expone el Proyecto Prisma alude a estos procedimientos como "los que no añaden valor". Los sindicatos temen por los puestos de trabajo, sobre todo por los de los " interinos" del departamento, que son un 20% del total del personal, según fuentes sindicales. También critican al consejero Antoni Subirà por su tendencia a liberalizar funciones. "Subirá ha hecho siempre gala de una doctrina ultraliberal, según la cual la Administración, cuanto menos haga, mejor", denuncia CC OO. Al mismo tiempo denuncian la "falta de una política turística en la Generalitat", cuyos presupuestos en este ámbito (1.414 millones en 1998) son inferiores a los de Cantabria, Madrid, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Baleares, Castilla y León, Canarias, Valencia o Andalucía. Los representantes de los trabajadores cuestionan que el departamento haya aprobado el Proyecto Prisma antes de que el Parlament vea, en septiembre, una proposición no de ley para fijar los criterios de los procesos de privatización. La iniciativa,apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto los de CiU y el PP, se refiere explícitamente a que estos procesos "no siempre van acompañados de un plan racional de reubicación del personal afectado".