La clausura

Algunas reacciones ante la clausura judicial de las instalaciones de Egin, con la consiguiente e inevitable suspensión de la publicación, ponen en evidencia, como tantas veces ocurre, los complejos políticos y profesionales que nos aquejan.En unos casos, han sido prudentes afirmaciones de líderes políticos que han admitido sin ambages la posible legalidad de la medida; yo creo que de algo estaban informados, pues su apoyo fue claro e inmediato; pero, sea lo que fuere, su reacción fue razonada desde el punto de vista de la legalidad vigente, incluida la Constitución.

Pero en otros casos asoman sospechas, presunciones, complejos. La primera y más burda es la de que el juez puede estar actuando al servicio de una autoridad política; esta presunción o sospecha no puede asomar en un estado mental normal propio de un Estado de derecho; es una sospecha terrible; cuando se expresa con ligereza o alegría o desfachatez, se está haciendo un pésimo servicio al sistema judicial; porque no puede echarse por delante la sospecha sin algún fundamento relacionado con el asunto de que se trate o con la personalidad del juez; dada la personalidad del juez concreto que lleva el asunto, la sospecha es poco creíble y, lo que es importante, ha sido poco creída, afortunadamente.

Sí es un pre-juicio notable el que se asienta en la idea de que la libertad de expresión es un derecho absoluto, al que hay que sacrificar cualquier otro bien o derecho, incluido, como sucede en este caso, el derecho a la vida. Tal proclamación expresa, o formulación tácita, puede estar relacionada, a su vez, con la memoria del tiempo pasado: el poder que cierra un medio, aunque sea cautelarmente, es, por esencia, un poder tiránico, dictatorial; así sucedió en el pasado, y el sentir tiene su inercia; otra manera de negar la existencia del Estado de derecho, por más que las apariencias digan otra cosa. También aparece ese tipo de proclamación ligado a la defensa de intereses concretos de periodistas o editores que no sólo tienen un sublime concepto de su función, sino que protegen, así, indirectamente, su negocio, profesión o chanchullos; el principio de la irreprochabilidad cubre todo.

Estas motivaciones o tentaciones del subconsciente pueden estar ligadas a otra más comprensible: el santo temor a los desalmados que matan; también los desalmados tienen derechos, y el hacerlo ver en el momento oportuno, sobre traer la buena conciencia de la defensa de derechos "caiga quien caiga", con aire puro y generoso, puede razonablemente conllevar una consideración más benigna, a la hora de elegir víctimas, por parte de los asesinos de que se trata, y cuyos derechos tan gallardamente se proclaman. Estas actitudes pueden llevar hasta a una extraña (o muy humana) obsequiosidad con los asesinos y extorsionadores, teñida, incluso, de afinidad ideológica profunda o incluso piedad cristiana o laica.

Ahora bien, lo que refleja que no vivimos, en nuestro interior, el Estado de derecho es que todos, más o menos, han tenido que explicar que no se cerraba la publicación por su contenido ideológico, o político. ¿Será posible que alguna vez alguien se atreva a decir lo que piensa sin que sea necesario cubrirse con la confesión de los artículos de la fe? No viviremos el Estado de derecho hasta que todos los que se pronuncian sobre esos límites no se crean obligados a proclamar que ellos están en la sana doctrina política.

Y eso de pedir cuentas al juez, en la forma de explicaciones que deba dar "a la opinión". También convendría que aceptáramos el "tiempo" judicial. Un juez instructor se expresa mediante providencias y autos que necesariamente tienen que estar razonados y, además, están sujetos a una o varias revisiones propias y ajenas, en un procedimiento contradictorio, hasta que se hacen, después de mucho discutir, firmes. El juez tiene que explicarse mediante la correcta aplicación de la ley, sin demoras, ni apresuramientos, ni abusos, en los términos que requiera la gravedad de sus decisiones, que son siempre tremendas: clausurar cautelarmente una publicación es grave; ¿y no es más grave quitar la libertad o gravar el patrimonio de la gente, cosa que hacen todos los días?

Y no quiero dejar de referirme a esos otros que hablan de "oportunidad política" del momento y naturaleza de la media. ¿Pero no quedamos en que estamos en un Estado de derecho? Un juez deberá ser prudente o valeroso, o ambas cosas a la vez; pero ¿vamos a pedirle a los jueces la aplicación del derecho con criterios de "oportunidad" política? Para eso están, creo yo, los políticos, no los jueces.