El Rubicón

El cierre de Egin supone un Rubicón en la política antiterrorista del Estado español.Obviamente, no me refiero a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Ésa es una decisión judicial en aplicación de la ley, en la que no se puede ni se debe tomar en consideración la oportunidad política de la misma. Una vez que se ponen en conocimiento del juez unos actos que pueden ser constitutivos de delito, el juez tiene que aplicar el Código Penal y adoptar las medidas cautelares que la ley le permita y que sean proporcionadas y razonables.

Me refiero a la decisión del Ministerio del Interior de poner en conocimiento del juez los hechos que han conducido al cierre de Egin. Se trata de una decisión en aplicación de la ley, sin duda alguna. Pero no es una decisión exclusivamente jurídica, sino también y sobre todo política.

Con la ley en la mano tal vez habría que haber procedido a la disolución de HB, ya que en la Ley de partidos políticos se dice que la disolución podrá acordarse cuando "la organización o actividades [del partido] sean contrarias a los principios democráticos" (art. 5.2.b Ley 54/78). O se tendría que haber declarado el estado de excepción, previsto para situaciones en las que "el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas... resulten tan gravemente alteradas que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo" (art. 13.1 de la L.O. 4/1981).

Y sin embargo, con la excepción de Manuel Fraga, que ha reclamado en varias ocasiones la disolución de HB y la declaración del estado de excepción en el País Vasco, ha habido un acuerdo prácticamente unánime en que no era ésa la manera de proceder. La valoración política antes que la posición exclusivamente jurídica de estricta aplicación de la ley ha presidido siempre la acción del Estado en materia antiterrorista. Y no va a poder no seguirla presidiendo.

Por eso cuando el ministro decía ayer en rueda de prensa que no se trata nada más que de hacer cumplir la ley estaba diciendo una verdad, pero no toda la verdad; lo determinante para el cierre de Egin no ha sido el texto de la ley, sino la voluntad política de que se aplicara en este momento por encima de cualquier otra consideración.

Esa decisión supone quitarle la palabra a ETA y HB, es decir, suprimir el casi único componente político de su actividad. No nos encontramos, por tanto, ante un problema de libertad de expresión exclusivamente, sino ante la libertad de expresión de una organización terrorista, que a través de ese medio estaba reconociendo que actuaba en una sociedad democrática, en la que la palabra es insoslayable.

La decisión política del Ministerio del Interior supone la negación del discurso político terrorista y su reducción a un discurso exclusivamente militar. Aquí es donde residen mis dudas.

Para mí, Egin no era el punto fuerte, sino el talón de Aquiles de ETA. Egin era el memento mori de ETA, el indicador de que en ningún caso puede ganar. Su capacidad persuasiva era prácticamente nula. Su propia existencia era la negación política de su discurso militar.

Por eso no acierto a ver muy bien qué es lo que se gana con este paso del Rubicón, aunque deseo fervientemente que la valoración que ha hecho el Ministerio del Interior haya sido acertada.