El Gobierno publica datos confidenciales de opositores en el 'Boletín Oficial'
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) publicó el pasado 7 de julio una lista en la que figuraban datos privados de 26 personas pertenecientes a una bolsa de trabajo. La información venía recogida en la resolución 1633 del director general de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda.Entre los datos que se facilitaban, además del nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad, figuraba el teléfono particular y la dirección completa de cada parado (incluido el número de puerta y la letra). Esta información, de carácter personal, había sido suministrada voluntariamente por los afectados, todos ellos aspirantes a unas oposiciones de técnicos especialistas que, tras aprobar el primer ejercicio de la prueba, no superaron el proceso selectivo. CCOO ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Madrid por considerar que esta publicación de datos confidenciales vulnera derechos fundamentales. PASA A LA PÁGINA 3
Disculpas por carta
Hacienda aún no ha avisado a los afectados de su "error"
Un portavoz de Hacienda reconoció el "error" y anunció que van a pedir disculpas por carta a todos los afectados, además de publicar una corrección en el boletín. Luis Otero, miembro del consejo de la Agencia de Protección de Datos y vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, mostró ayer su sorpresa por la publicación de datos personales en el Bocam. "En principio parece una torpeza. Los datos publicados deben adecuarse a su finalidad. Y en este caso cuesta entender cuál pueda ser el objetivo", señaló Otero.Entre los afectados, la noticia de que un organismo público había aireado su dirección y teléfono privados sentó como un jarro de agua fría. Sobre todo porque ninguno de los que figuraban en la lista, según comprobó este periódico, habían sido avisados del "error", pese a que ya ha transcurrido una semana desde su publicación. "Puede que se trate de un error, pero eso no lo justifica. Tiene que haber controles y mi dirección no la tiene por qué saber nadie. Eso vulnera mi intimidad", afirmó ayer la afectada María Teresa Fernández Huesca, quien figuraba en la lista de cestería. Otra de las citadas, quien guardó el anonimato por miedo a que no la contratasen si protestaba, también mantuvo una actitud crítica. "Puedo aceptar el error, pero eso no quita que esté mal lo que han hecho. Hay que evitar que estas cosas se repitan, sobre todo en publicaciones oficiales, en las que todos confiamos", dijo.
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