El abogado del Estado rebaja a 300.000 pesetas la indemnización

El abogado del Estado, Rafael Miñarro, se opuso ayer a que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario de las indemnizaciones que el fiscal y la acusación particular reclaman para Segundo Marey. No obstante, si los magistrados estiman lo contrario, considera que la compensación solicitada para el secuestrado es "excesiva". Miñarro cifró la indemnización en 300.000 pesetas haciendo un cálculo basado en lo ocurrido con otros secuestrados por parte de ETA.Miñarro hizo un repaso a los dictámenes de los médicos que examinaron a Marey y concluyó que buena parte de sus achaques no son imputables a sus diez días de cautiverio en una cabaña de Colindres (Cantabria), sino al cáncer de sangre que padece.

Para ilustrar su opinión, el abogado del Estado narró una anécdota ocurrida a una mujer que requirió los servicios de un médico porque su marido tenía una fiebre muy alta. Tras reconocer al paciente, el doctor indicó que lo preocupante no era la fiebre, sino el acentuado color amarillento de su piel, ante lo que ella replicó: "Es que mi marido es chino...".

El letrado considera que los procesados son autores de los delitos que se les imputan, ya que la detención ilegal de Marey se financió mediante la malversación de dinero público. Pero recalcó que el Estado no debe ser declarado responsable civil de esta conducta, puesto que los implicados no sólo no actuaron como funcionarios públicos, sino que lo hicieron de forma opuesta a como deben hacerlo éstos.

Villoslada y Ortega Lara

Miñarro trajo a colación la indemnización de 10 millones que el tribunal concedió al industrial Adolfo Villoslada, que pasó 84 días secuestrado por ETA, lo que le causó un "síndrome ansioso" y una "reacción vivencial", aparte de otras secuelas físicas.Otro caso citado fue el de Juan Pedro Guzmán, ex directivo del Athletic de Bilbao, que estuvo diez días secuestrado y para el que la justicia fijó una indemnización de un millón.

También argumentó que la Audiencia Nacional marcó una indemnización de 65 millones para el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, cautivo 532 días.

Sobre estos precedentes, Miñarro calculó para Marey una compensación de 300.000 pesetas, una cifra muy alejada de los 130 millones que demanda la acusación particular y de los 35 que reclama el fiscal.