El juez Garzón pide nuevos datos antes de pronunciarse sobre posibles procesamientos en el 'caso Oñederra'

El juez Baltasar Garzón dictó ayer una providencia en la que pide que se le acrediten una serie de datos en relación con los GAL antes de pronunciarse sobre el escrito del fiscal Pedro Rubira, que le pedía que levantase las medidas cautelares para los 23 imputados en la causa y que no procesase a ninguno de ellos por "no existir indicios de criminalidad".El juez refleja en su providencia que el fiscal ha respondido al trámite de instrucción un año y un mes después de haberle dado traslado y pide entre otras cosas la relación de hechos y procedimientos que se tramitan por hechos atribuidos a los GAL, así como las peticiones que el fiscal haya formulado en ellos de que las autoridades francesas denuncien los hechos.

Todo parece indicar que Garzón se ha sorprendido de la afirmación del fiscal de que no es competencia de la Audiencia Nacional la investigación del atentado contra los ciudadanos franceses Christian y Claude Olaskoaga, en el que resultó muerto el primero y gravemente herido el último. En ninguno de los casos las autoridades francesas han denunciado los hechos, pero la competencia de la Audiencia se deduce de que se trata de delitos de terrorismo cometidos por españoles en el extranjero, de acuerdo con el artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Judicial.

Garzón solicita también los informes periciales caligráficos incorporados en el caso Lasa-Zabala a los que alude el fiscal para contrarrestar la fiabilidad de los que figuran en el caso Oñederra. Fuentes jurídicas sostienen que Garzón aprecia la existencia de indicios de delito y que el fiscal no los ha analizado correctamente, por lo que cuando cuente con los nuevos datos en su poder, resolverá previsiblemente levantando algunas imputaciones, pero también acordando algún procesamiento, aunque sin precisar de cuál podría tratarse.

En este sumario están imputadas 23 personas, entre las que figuran el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, los generales Enrique Rodríguez Galindo, Andrés Cassinello y Emilio Alonso Manglano, el abogado Jorge Argote, y más de una quincena de guardias civiles destinados en el cuartel de Intxaurrondo en 1983, entre los que figuran Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, procesados como autores de los asesinatos de Lasa y Zabala.