El PSOE acusa a Farnós de tolerar que el INSS invada sus atribuciones

El PSOE arremetió ayer contra el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, por consentir que el Ministerio de Trabajo invada sus competencias sobre control de las bajas laborales. Los socialistas insisten en que la supervisión de la incapacidad laboral compete a la Generalitat y, sin embargo, ésta tolera que la ejerza el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El PSOE sospecha además que hay desvío de las subvenciones concedidas a las mutuas para el control de las bajas hacia clínicas privadas.

El responsable de Empleo del PSPV, Andrés Perelló, y el secretario de Acción Parlamentaria del PSOE, Francisco Arnau, cargaron ayer contra el nuevo decreto, en vigor desde el 1 de julio, que regula las bajas laborales por enfermedad. "Es un ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores", denunció Perelló, quien subrayó que este decreto no viene sino a recortar todavía más el Estado del bienestar. Según el secretario de Empleo del PSPV, el nuevo sistema de control de las incapacidades laborales temporales (ILT), "abusivo y pernicioso", se añade al recetazo y a las peticiones de devolución de pensiones de jubilación y viudedad. "El PP ha camuflado este control como si se tratase de una cruzada contra el fraude, cuando en realidad sólo atenta contra los derechos de los trabajadores", declaró Perelló, quien alentó a los ciudadanos a movilizarse para impedir que "el control de las bajas se convierta en un sistema policial". El diputado socialista Francisco Arnau insistió en que el nuevo sistema de supervisión de las bajas laborales "supedita la salud de los trabajadores a la recaudación de la Seguridad Social". Según Arnau, hasta ahora eran los médicos del Servicio Valenciano de Salud (Servasa) lo responsables de recetar las altas médicas. "A partir de ahora, un médico contratado del paro por el INSS para que ejerza de policía podrá dar de alta a los trabajadores de baja. Es un médico que no conoce al paciente y que tras una sola exploración, podrá quitarle ese derecho", explicó el diputado socialista. El Ministerio de Trabajo, artífice del nuevo decreto, sabe que estas actuaciones son competencia de las comunidades autónomas y, según Arnau, a pesar de ello ha dispuesto este sistema. La nueva fórmula permitirá que una vez el inspector médico del INSS -se han contratado unos 200 en toda España, según los socialistas- proponga el alta del enfermo, el Servasa dispondrá sólo de tres días para expresar su disconformidad; en caso contrario, el trabajador será dado de alta de forma automática. "Además, el decreto establece una dinámica que impide a los trabajadores acogerse a una nueva baja antes de que transcurran seis meses desde la última", denunció Arnau. "A ese trabajador se le coloca la "s" de sospechoso por presunto defraudador y se convierte en blanco de todo tipo de discriminaciones", continuó el diputado. También se cuestiona la competencia de los médicos de familia y se pone en peligro el derecho a la intimidad de los enfermos, ya que la situación del afectado pasa por el médico de empresa, la mutua, el INSS, el Servasa y hasta las clínicas privadas colaboradoras. En este sentido, Arnau acusó a Farnós de tolerar la injerencia del Ministerio de Trabajo en sus competencias sobre control de las bajas laborales. "Además, sospechamos que las subvenciones que el INSS transfiere a la Consejería de Sanidad [esta última recibe 10.000 pesetas por cada baja supervisada, así como otras tantas si la acorta, según el PSOE], se están desviando, en parte, de las mutuas a las clínicas privadas", apuntó Arnau. Las mutuas están facultadas para dar de alta a un trabajador de baja.