El fiscal actuará si no se atiende la orden de arreglar las fachadas

La desobediencia reiterada a una orden municipal que inste el arreglo de una fachada o que no se eviten las molestias que causan las salidas de algunos locales nocturnos podrá ser perseguido penalmente como un delito de desobediencia. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el fiscal jefe del Tribunal Superior, José María Mena, firmaron ayer un protocolo de colaboración para perseguir por la vía penal las conductas que puedan representar riesgo y también las actitudes incívicas que originen molestias a los ciudadanos. Hasta ahora, el Ayuntamiento sólo actuaba administrativamente.

"Es un paso más que da el Ayuntamiento en los casos en que se produce una reiterada desobediencia que pueda suponer peligro o graves problemas de convivencia", señaló Clos. Cuando se observe una situación de ese tipo, los servicios jurídicos municipales remitirán el expediente a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se evaluará si la conducta es perseguible penalmente como desobediencia. En realidad, la posibilidad de actuar por vía judicial no es nueva porque el Código Penal ya establece el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, hasta ahora, los expedientes sancionadores municipales no acababan en los tribunales penales, que son los que ejercen un mayor efecto disuasorio en el infractor. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia, los procesos por desobediencia por el impago de pensiones han demostrado tener más efectividad. Uno de los ejemplos explicados ayer en la presentación del protocolo de colaboración fue el de un propietario de un edificio que no arregle la fachada cuando del Ayuntamiento le haya instado a hacerlo reiteradamente. "Esta es una situación de riesgo para los ciudadanos", puntualizó el alcalde. También se podrá perseguir por la vía penal al propietario de un solar en estado de abandono. Otro caso, tal vez el que soporta un mayor número de ciudadanos, es el de las frecuentes molestias por ruido y desórdenes a las salidas de las discotecas. "Sólo se habla de comportamientos incívicos", aclaró Mena. "No se trata de incrementar la represión o de que el Ayuntamiento sea más agresivo con los ciudadanos", añadió el fiscal jefe. En el caso de que la fiscalía no aprecie una conducta de desobediencia reiterada -que es lo que define el tipo penal y castiga con penas de seis meses a un año de cárcel-, el expediente será devuelto al Ayuntamiento para que siga con el proceso sancionador por la vía administrativa. El alcalde afirmó: "Es necesario defender la autoridad municipal como garantía de convivencia". En ese sentido, Clos añadió que Barcelona siempre ha sido modélica en cuestiones de seguridad, "y este convenio es una garantía más para conseguir una ciudad todavía más segura y tranquila".