La juez requiere a la Junta que aclare si controlaba la balsa de Aznalcóllar

Las consejerías andaluzas de Industria y Medio Ambiente tendrán que informar de si hicieron algún tipo de control sobre las obras de recrecimiento del muro de la balsa de las minas de Aznalcóllar. Celia Belhadj-Ben, la juez que investiga el vertido tóxico al río Guadiamar -ocasionado por la rotura de la balsa el pasado 25 de abril-, marcó ayer un plazo de ocho días para recibir la documentación de ambas consejerías sobre estas supuestas tareas de vigilancia. Y sobre el procedimiento que seguían.

La juez emitió ayer una providencia por la que requiere a las consejerías de la Junta que digan no sólo si "vigilaban y controlaban" las obras de recrecimiento de la balsa siniestrada. También se interesa por saber "las personas intervinientes" en esas tareas. El consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, ha sostenido hasta ahora que la supervisión de la balsa corría a cargo de Geocisa, la empresa contratada para este cometido por Boliden (propietaria de la mina de Aznalcóllar).El informe pericial sobre las causas de la rotura, que deben realizar ingenieros de la Universidad Autónoma de Madrid, no estará listo, según fuentes judiciales, hasta septiembre. Mientras, en el Juzgado número 2 de Sanlúcar la Mayor, continúan las declaraciones de empleados de Boliden y Geocisa, enfrascados en establecer a quién correspondía garantizar la seguridad de la instalación. El turno fue, ayer, para Antonio Ruiz Castell, empleado de Boliden, al que otros imputados consideraron jefe de obras del recrecimiento.

Nueva declaración

Según abogados presentes en la declaración, Ruiz Castell negó que ésa fuera su función. Aseguró que su cargo era el de coordinador de la comisión de medio ambiente de Boliden, creada a instancias de la Junta. En la línea de lo dicho por Olav Fagrëmo, director de las minas de Aznalcóllar, y Aquilino Cazorla, jefe de explotación, Ruiz Castell insistió en que Geocisa no sólo proyectó el recrecimiento del muro, sino que también lo ejecutó. Según su testimonio, Boliden se limitaba a contratar los camiones que arrojaban el material para elevar el nivel del muro.El empleado de Boliden -que admitió que no existía ningún plan de emergencia-,indicó que la empresa acordó con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las obras realizadas a partir de 1996 alrededor de la balsa para evitar filtraciones al río Agrio, afluente del Guadiamar. Ruiz Castell, que completará hoy su declaración, también reseñó las visitas frecuentes de técnicos de la Consejería de Industria para observar el estado de la balsa y de las obras.

Por las instalaciones de Boliden, según el imputado, también se presentaron técnicos de la empresa Tecnoma, portando credenciales de la Consejería de Medio Ambiente, para realizar estudios de impacto ambiental.