Costas asegura que Ayuntamiento y Junta vierten en Huelva ilegalmente

El Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, a través de Egmasa, vierten ilegalmente desde hace un año en la Marisma de Mendaña, situada en la margen derecha del río Tinto, según advierte la Dirección General de Costas en un documento, fechado el pasado 23 de junio, registrado en la Gerencia de Urbanismo y que hizo ayer público el grupo municipal de Izquierda Unida. El Ministerio de Medio Ambiente autorizó en 1997 a la empresa Fertiberia, situada en el polo químico onubense, el desarrollo en esos terrenos de diversas obras y proyectos encaminados a la reordenación de sus vertidos de yeso. Costas estima que la factoría "se ha excedido de los límites establecidos en las concesiones de las que es titular", al suscribir un acuerdo con el Ayuntamiento y Egmasa, a través del cual permitía a éstos el vertido de residuos sólidos y productos inertes de la planta de Palos de la Frontera sobre los fosfoyesos, para completar las tareas de recuperación ambiental de la zona. La decisión fue aprobada por el pleno municipal con los votos favorables de PP y PSOE. "Por parte de la Dirección General de Costas no se ha autorizado ni prestado conformidad con ninguno de los proyectos mencionados", indica el documento del Ministerio. IU denuncia que las tres instituciones pactaron en su día "la instalación de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en esos terrenos", manifestó Manuel Rodríguez, portavoz municipal de la coalición, que también pidió responsabilidades a cada una de ellas. IU propondrá la creación de un grupo de expertos medioambientales que investigue este conflicto. Atlantic Cooper Por su parte Atlantic Cooper, empresa dedicada a la producción y refino del cobre y situada en el polo químico onubense, presentó ayer la memoria medioambiental, en la que se refleja una inversión de 10.537 millones de pesetas en cuatro años medidas de protección ecológica, según explicó el director de la fábrica onubense, Patricio Barrios. Esa inversión supone más de la tercera parte de los fondos destinados desde 1994 al plan de expansión del complejo industrial en la capital onubense, que ascendieron a 35.000 millones de pesetas. La empresa obtuvo en 1997 unos beneficios de 1.000 millones de pesetas y consiguió reducir las emisiones atmosféricas de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera en un 80%. Además, según se indica en el informe, "las aguas del proceso industrial de la fábrica son depuradas en una planta de tratamiento de efluentes, por lo que los vertidos líquidos alcanzaron valores muy inferiores a los límites exigidos". El esfuerzo inversor de esta empresa se vio recompensado, a finales del pasado mes de abril, tras recibir el Certificado de Gestión Medioambiental Aenor, lo que la sitúa como la primera compañía metalúrgica de España que obtiene este reconocimiento.