Las cofradías, contrarias a que la futura ley de pesca fiscalice sus cuentas y cambie sus estatutos

El borrador del Anteproyecto de ley de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana ha levantado las suspicacias de las cofradías de pescadores. A juicio del sector, el texto normativo elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé la fiscalización de las cuentas de estas asociaciones de profesionales sin ánimo de lucro, cuyo modelo de financiación es privado. Además, un párrafo de la nueva ley, al dar un mayor peso en el seno de las cofradías a las organizaciones sindicales y empresariales, dejará sin validez legal sus propios estatutos.

El anteproyecto de Ley de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana ha iniciado su tramitación a lo largo de este primer semestre de 1998. El último paso ha sido el dictamen favorable del Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana, órgano asesor de obligada consulta en la elaboración de todas las normas del Consell. El CES, en la reunión extraordinaria del pasado 11 de junio, refrendó el cuerpo normativo elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirige María Ángeles Ramón-Llín, de UV. Sin duda, lo que más ha preocupado al colectivo de profesionales del mar es que, en su opinión, implica una grave injerencia de la Administración autonómica en la actividad de las cofradías. Y así se lo han hecho saber a la consejería. "La ley conlleva un grado de intervencionismo que no se corresponde con el carácter privado del origen de las fuentes económicas de las cofradías", explica José Ortega, abogado y asesor jurídico de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Valencia, organización de la que es secretario. "El argumento", defiende Ortega, "es que la Administración no puede fiscalizar a las cofradías porque éstas no reciben subvenciones salvo para algunas líneas de ayudas supeditadas a actuaciones concretas" (por ejemplo, la dotación de cámaras frigoríficas en las lonjas). Sin embargo, la ley deja claro que las cofradías estarán obligadas a disponer de un plan de cuentas único diseñado por la consejería, a la que también tendrán que enviar el balance anual de la situación patrimonial, económica y financiera así como la cuenta de liquidación de su presupuesto. La ley incluso puntualiza que "la intervención general de la Administración de la Generalitat Valenciana podrá ejercer el control financiero de la gestión económica de las cofradías". Fuentes del sector incluso han querido ver en la ley una maniobra de los sindicatos para pasar a tener un mayor peso. Se basan en que la ley ha incluido un párrafo, inexistente en el real decreto que hasta ahora regulaba el funcionamiento de estas organizaciones, en el que se puntualiza que las cofradías, "en todo caso, cumplirán sus funciones respetando el ejercicio por las organizaciones empresariales y sindicales de las funciones de representación y negociación que les son propias". Los pescadores destacan que hasta el propio CES (que tiene representación sindical) ha propuesto que el sistema de elección de los cabildos (órganos de gobierno de las cofradías formado por 10 representantes y un presidente) permita la presentación de candidaturas por parte de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El problema se agrava porque la mayoría de las cofradías cuentan con unos estatutos (que regulan su estructura organizativa y funcional, y suelen ser copias de un modelo tipo idéntico para todas) que en su redacción actual serán contrarios a la ley puesto que no prevén ese respeto a los sindicatos. "Los sindicatos pasarán en adelante a gozar de un amparo legal, aún más claro que el actual, y estarán legitimados para limitar toda actividad de las cofradías que pueda guardar relación con la actividad sindical", explica la Federación Valenciana.