Inquilinos de la Casa de las Flores denuncian su compra por los subasteros

Los subasteros han logrado hacerse con la primera adjudicación de la Casa de las Flores, un edificio cargado de historia del madrileño barrio de Moncloa. Así lo sostienen algunos de los inquilinos que han perdido la batalla en la venta realizada por su antiguo propietario, la Seguridad Social. Ellos aseguran que en la subasta ha habido "irregularidades", y por ello han presentado un recurso ante la Dirección General de la Tesorería de la entidad pública.

La Seguridad Social, en el proceso de venta de sus bienes inmobiliarios, no ha podido impedir que los supuestos subasteros se hayan colado en la subasta de los dos primeros portales, del total de diez que componen la Casa de la Flores. Se han adjudicado directamente el situado en Gaztambide, 21, y han pujado por el de Menéndez Valdés, 61, de forma que sus inquilinos han tenido que aumentar su oferta un 40%.Para los vecinos del primer inmueble se abre ahora un horizonte de incertidumbre. Dos de ellos, José María Fernández Linares y César Juste, aseguran que los subasteros, con sus conocidas prácticas especulativas, "tratarán ahora de revender los pisos a precio de mercado o, sin más rodeos, el desahucio".

Dos opciones muy temidas para unos inquilinos que son pensionistas (60%) o parados (10%) en su mayoría, y tan sólo el 25% son trabajadores en activo. Cuando tuvieron las primeras informaciones de que la Seguridad Social, propietaria de todo el histórico edificio, iba a sacar a subasta sus propiedades, intentaron negociar con la Dirección General de la Tesorería para una operación de venta directa. Sin embargo, esa posibilidad fue rechazada por el organismo público, alegando que la ley obliga a la enajenación mediante subasta.

Sus abogados aseguran que ese requisito se salva con la firma del ministro, y que la venta directa puede ser autorizada cuando se trate de bienes inmuebles con valor no superior a los 2.000 millones de pesetas. También argumentan que ha existido "un agravio comparativo", dado que otros organismos oficiales, como Patrimonio Nacional, Ministerio de Defensa, Parque Móvil, Ivima o ayuntamientos, se han desprendido de sus patrimonios respectivos mediante la adjudicación directa a los inquilinos que ocupaban esas viviendas.

Ellos no han podido eludir la subasta y, dada su situación económica, han perdido el pulso frente a los subasteros, dicen. La finca de la calle de Gaztambide, 21, salió a la puja con un precio de partida de 403 millones de pesetas, y se ha adjudicado por 531 millones a la firma Algom, SA, de Valladolid, sociedad que no se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, lo que, según sus abogados, "vulnera la ley". Los portavoces de los 27 inquilinos prevén que si a esa cifra se suman los gastos de impuestos, registros, notarías, división horizontal, repercusión fiscal de la segunda transmisión, etcétera, el precio de cada vivienda "se pondrá por encima de los 30 millones de pesetas, prácticamente valor de nuevo, para inquilinos con contratos de los años 1939-1941, y con un bajo poder adquisitivo".

La finca de Meléndez Valdés salió con un precio de 315 millones, y con la intervención de personas ajenas se incrementó un 40%. Tras ello se adjudicó en 443 millones a los 29 vecinos en comunidad de bienes, que tendrán un coste individual en este caso de 17 millones.

Los vecinos de Gaztambide, 21, creen que "se ha vulnerado el procedimiento" y que ha habido "irregularidades", por lo que han presentado un recurso administrativo ante la Dirección General de la Tesorería.

Fuentes de la Seguridad Social han afirmado que "se van a examinar todas las alegaciones". En cuanto a la subasta, añaden: "El trámite fue absolutamente legal, pero los inquilinos no estaban preparados y pujaron sólo por el precio de salida". Asimismo aseguran que "nadie les va a echar de sus viviendas, porque sus derechos como inquilinos no cambian con la nueva propiedad".