Negociaciones de última hora entre el PP y el PSPV para presentar hoy un texto único al CVC

Hasta última hora de la madrugada de hoy se alargaron las conversaciones entre los representantes del PSPV y del PP, con el fin de presentar esta mañana una ponencia única al pleno del Consell Valencià de Cultura que la someterá a votación. Según fuentes del órgano consultivo, la definición de la naturaleza de la lengua es el último punto que separa a los representantes de ambas formaciones. Por su parte,los consejeros Xavier Casp y Leopoldo Peñarroja anunciaron ayer que votarán en contra. Otros colectivos y organismos se han pronunciado sobre la cuestión.

Francisco Camps, consejero de Educación y Cultura, se mostró cauto a última hora de la mañana sobre la posibilidad de acuerdo. No quiso levantar el pulgar con gesto de aprobación definitiva pero tampoco señaló hacia el suelo, sobre la esfera de un reloj optó por situarse en las dos: "Estamos a y diez". Sobre la mayoría necesaria para que el dictamen tenga valor se limitó a calificarla como "amplia", dando por supuesto que el pacto entre populares y socialistas basta para dotar de contenido al dictamen. "Al menos lo hemos intentado", dijo el responsable de Cultura, quien destacó cómo representantes de sectores aparentemente irreconciliables se han sentado en torno a la misma mesa y se han reconocido como interlocutores. "Hay un precedente en la relación", señaló. Camps también comentó que la ausencia de acuerdo dilataría la persistencia de la polémica mucho más allá de la propia existencia biológica de los actuales miembros del CVC. Mientras el consejero de Cultura evitaba la solemne declaración institucional sobre la reunión convocada para hoy, representantes de la Academia de Cultura Valenciana expresaban su frontal oposición al dictamen. "La lengua no puede someterse a votación", dijo Xavier Casp, presidente de la institución privada y, simultáneamente, vicepresidente del CVC. "Si vienen los políticos a decirnos cuál debe ser, políticamente, la lengua, tendremos que negarnos", declaró. Leopoldo Peñarroja, que también tiene la doble condición de miembro de la academia y del CVC a propuesta del PP, consideró "muy difícil una solución política" a la polémica lingüística. Según Peñarroja "los dos grandes partidosestán forzando las cosas", cuando, en su opinión, la lengua debería estar alejada de cuestiones políticas. La RACV se atribuyó la condición de única institución "legitimada" para reclamar la autoridad normativa y desestimó la oferta paralela del Institut Interuniversitari de Filología Valenciana. Según Casp, las universidades no tienen competencias normativas sino que "estudian, hablan y enseñan" sobre la lengua. Argumentó también que tanto a nivel estatal como en otras comunidades como Galicia, País Vasco y Cataluña la autoridad normativa la poseen instituciones distintas de la Universidad. Peñarroja indicó, por su parte, que "si no se ha profundizado" a la hora de realizar el dictamen sobre la lengua "no ha sido por nuestra parte". "No hemos regateado esfuerzos y hemos puesto todos nuestros argumentos científicos e históricos en manos del CVC", señaló. A juicio de Peñarroja, el encargo que se le hizo al organismo consultivo de la Generalitat por parte de las Cortes entrañaba cierta "ambigüedad", pero partía del "espíritu" de superación del problema lingüístico, cimentado sobre el "abismo" entre "la lengua patrimonial" y "una norma forastera, la del Institut d"Estudis Catalans". "Sin un diagnóstico previo de la situación, es imposible llegar a un dictamen", dijo Peñarrioja. El Institut d"Estudis Catalans emitió ayer un breve comunicado en torno a los borradores del dictamen que se han difundido a lo largo de los últimos días. Después de "valorar el esfuerzo de aproximación de las diversas partes", el IEC dice sentir el deber de expresar públicamente su "inquietud" respecto a tres puntos: "la ausencia de reconocimiento explícito de la unidad de la lengua catalana, con independencia de las denominaciones históricas o estatutarias que ha recibido en los diversos territorios en los que se habla"; "la ambigüedad respecto a la unidad de la normativa lingüística", un aspecto que corresponde al organismo de futura creación; y "la ausencia de referencia a una institución común encargada del establecimiento y actualización de la normativa a todo el dominio lingüístico, contando con la participación y la corresponsabilidad de todos los territorios".