El nuevo decreto digital "destruirá el sector televisivo español", según Antena 3 y Tele 5

Las dos televisiones privadas que emiten en abierto, Antena 3 y Tele 5, afirman que el sector televisivo español corre el riesgo de "ser destruido" si prospera el decreto de implantación de la televisión digital terrestre preparado por Fomento. Esta norma multiplica la competencia, al permitir hasta veinte canales de ámbito nacional y varios más por cada comunidad autónoma, sin valorar cuántos son económicamente viables y sin eliminar las trabas legales que limitan al 25% el capital en poder de cada accionista de una televisión privada; además de dificultar su salida a Bolsa.

Estos síntomas de segunda guerra digital se observan a veintiún meses de que finalicen las concesiones de los operadores privados, a los que se exige el cambio a la tecnología digital si quieren ver renovadas sus licencias. El Ministerio de Fomento, dirigido por Rafael Arias-Salgado, ha enviado ya el decreto en cuestión al Consejo de Estado para que sea informado en trámite de urgencia, con intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de fin de mes.Por lo que se sabe del proyecto, las cinco cadenas actuales (La Primera, La 2, Antena 3, Tele 5 y Canal+) tendrían que repetir en digital su actual programación analógica, sin poder añadir nada más. Los otros 15 canales de ámbito nacional serían adjudicados a otros operadores, en concursos a los que los concesionarios actuales no podrían presentarse, salvo que se suprima la prohibición de que el accionista de una televisión privada pueda serlo también de otra.

Retevisión, el actual transportista de las señales televisivas, que tiene concedido ese servicio en monopolio hasta el año próximo, está en condiciones óptimas para difundir las señales digitales en el futuro; y además, nada le impide presentarse a los concursos de adjudicación de nuevos canales y competir con los ya existentes. A las televisiones privadas les parece muy mal que semejante operación se financie con el dinero que han pagado -y pagan- a Retevisión por su monopolio.

Otro efecto del decreto en marcha es el de reforzar la capacidad jurídica de las comunidades autónomas para ser titulares de las frecuencias televisivas digitales, con el margen político que eso puede dar a sus autoridades para adjudicar frecuencias o reservárselas.

En todo caso, la multiplicación del sector fuerza a las actuales televisiones privadas no sólo a competir con mucha más gente, sino a realizar gastos e inversiones que no tenían previstas. Lo cual "condena al sector privado de televisión a una guerra encarnizada que provocará inmensas pérdidas económicas y de puestos de trabajo", asegura el documento que Antena 3 y Tele 5 han presentado al Consejo de Estado bajo la forma de Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca). Su argumento es como sigue: el mercado publicitario ni siquiera cubre los gastos de todas las televisiones actuales, de modo que éstas corren el riesgo de caer en manos de gigantes extranjeros, ya que sólo ellos "podrán soportar los costes de esa previa competencia feroz". Si el concesionario fuera Retevisión, que no tiene experiencia en desarrollar cadenas, "eso llevaría a aumentar el suministro de programas extranjeros", siempre según Uteca.

"Esto es una jungla"

"El problema es que en España no hay un mercado de televisión, sino una jungla", comentó ayer Jorge del Corral, directivo de Antena 3 y de Uteca.Las dos cadenas no ven urgencia alguna en que se produzca la revolución en el sistema televisivo español que implica el decreto; que, además, obligará a los consumidores a cambiar todos sus televisores en sólo diez años (Uteca pide veinte). Pero si la multiplicación de canales fuera inevitable, Uteca echa el muerto a otros: que sean de pago, dice.

No obstante, el grueso de las argumentaciones de Antena 3 y Tele 5 se basa en que hay reformas legales más urgentes. En otro documento -enviado a Fomento, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y los grupos parlamentarios- piden que se suprima la prohibición de poseer más del 25% del capital de un operador televisivo por cada accionista. Su propuesta es que uno pueda poseer el 100% de una cadena o al menos la mayoría (51%).

También plantean "medidas efectivas" que impidan a los canales autonómicos agrupaciones como la FORTA actual. En cuanto a las televisiones públicas, "como mínimo" deberían establecerse dos restricciones: eliminación de la publicidad de La 2 y reducción "drástica" de la misma en La Primera.