Justicia inicia los trámites para recurrir las plantillas vascas en el Constitucional

VIENE DE LA PÁGINA 1 La decisión adoptada por el Ministerio de Justicia era la última carta que tenía escondida la ministra, Margarita Mariscal de Gante, en un conflicto que ha enfrentado a las administraciones central y vasca desde el pasado mes de febrero. Carta de cuya existencia era muy consciente el viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, quien ya alertó el pasado 7 de mayo que Justicia simplemente estaba haciendo tiempo para preparar un recurso a unas plantillas que considera "ilegales". En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el pasado 25 de febrero, Mariscal de Gante acusó al Gobierno vasco de saltarse la legalidad ya que, al menos, seis de los requisitos exigidos en la propuesta vasca de plantillas para los funcionarios de Justicia en Euskadi vulneraban artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de otros decretos del Gobierno. Pese a que Sánchez siempre sospechó que el Gobierno iba a apostar al final por el recurso de inconstitucionalidad, es difícil entender que éste venga un mes después de que Mariscal de Gante y el consejero de Justicia, el socialista Francisco Egea, mantuvieran una reunión "franca y constructiva" en la que supuestamente se había reconducido la polémica. La información facilitada ayer por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Emilio Olabarria deja patente que el conflicto se mantiene vivo. El requerimiento, que es un trámite previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, obliga al Ejecutivo vasco a responder en el plazo máximo de un mes. En función de cuál sea el sentido de la contestación, podría suscitarse un "conflicto de competencias" entre los dos gobiernos. "Instituciones estatales" Olabarria, quien ayer intervino en los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV) en San Sebastián, explicó que considera "poco razonable" que los magistrados del Tribunal Constitucional sean designados exclusivamente por "instituciones estatales", sobre todo por el carácter de "árbitro" que desempeña entre la Administración central y las de las comunidades autónomas. El vocal aseguró que está fórmula de elección de los magistrados "no ocurre en ningún país con estructura federal o regional". El Gobierno vasco ha cuestionado en repetidas ocasiones el carácter "político" de algunas sentencias Tribunal Constitucional y, de hecho, no recurre a este tribunal desde hace siete años. El último episodio se produjo hace dos semanas, cuando el alto tribunal falló que las autopistas no son de titularidad foral, sino que pertenecen al Estado. Este veredicto mereció duras críticas del vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, quien criticó la "descarada connotación política" de la sentencia. El vocal señaló que el Constitucional es sólo un ejemplo de la "inadaptación" del poder judicial, -"rígidamente centralizado e idéntico al preconstitucional"- a la estructura "compuesta" del Estado de la autonomías, donde los poderes ejecutivo y legislativo sí responden a una realidad que "ya no es centralista". Desde esta lectura, planteó la necesidad de un "gran pacto político" para hacer viable una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompase la estructura de la Justicia a la del Estado autonómico. Entre las medidas que deberían incorporarse a la reforma del poder judicial, propugnó que "todos los Parlamentos del Estado" deberían participar en la designación del Fiscal General del Estado, una atribución reservada en la actualidad al Gobierno central. Asimismo, abogó por una descentralización administrativa, no competencial, del Consejo General del Poder Judicial, mediante la "ubicación de algunos de sus servicios en las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas". Esta fórmula supondría, en la práctica, la creación de una "administración periférica" de la institución de gobierno de los jueces.