La fiscalía se querella contra Obras Públicas y dos consistorios por los vertidos de la depuradora de Canals

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha interpuesto una querella contra la Consejería de Obras Públicas y los ayuntamientos de Canals y L"Alcúdia de Crespins, a los que acusa de un delito contra el medio ambiente por tolerar vertidos con niveles excesivos de cloruro en el río Cànyoles. La iniciativa de la acusación pública, llevada a cabo por los especialistas en medio ambiente, ha sido motivada por los perjuicios provocados en los cultivos de Canals por la actividad de la depuradora ubicada en esa localidad de La Costera. La instalación, construida en 1991, arroja al río el producto de su actividad, concretamente a las acequías de la Llosa y Meses. Los agricultores que riegan sus campos con el agua procedente de estos dos canales han denunciado reiteradamente ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el negativo efecto del agua de la depuradora -portadora de unos elevados niveles de sal- en sus cultivos, especialmente los de hortalizas. La fiscalía ha actuado en consecuencia. Su querella, interpuesta de oficio, también afecta a Searsa, la empresa subcontratada por Obras Públicas para gestionar la depuradora. Su responsable, Rafael Lloret, optó ayer por no responder a las preguntas de este periódico. Sin embargo, el alcalde de Canals, Vicente Felipe, mostró su sorpresa por la denuncia interpuesta contra él y su homólogo de L"Alcúdia de Crespins, Vicente Vercher: "No entiendo cómo se acusa al Ayuntamiento de un delito causado por una instalación que no depende de nosotros". Los ayuntamientos querellados se limitaron a ceder a la Generalitat los terrenos necesarios para la construcción de la depuradora, cuyo control y supervisión recae totalmente en la Entidad de Saneamiento de Aguas, un organismo de Obras Públicas que no ha logrado, según los estudios técnicos realizados, que la instalación depure convenientemente los residuos que le llegan de las industrias de ambos municipios. Canals y L"Alcúdia de Crespins constituyeron una mancomunidad para acelerar la construcción de la depuradora, pero ambos consistorios no han podido -a pesar de los expedientes abiertos con esa intención- hacer cumplir a las empresas radicadas en sus términos las ordenanzas municipales. Éstas limitan a 400 partes por millón el nivel de cloruros máximo permitido en el agua, cantidad que es superada, con mucho, por varias de las industrias del área cuyos residuos desembocan finalmente en el río Cànyoles.