Boliden encargó a Geocisa el análisis de los vertidos desde la balsa de Aznalcóllar

La custión de quien estaba a cargo del control de la balsa minera de Aznalcóllar centra las primeras pesquisas judiciales por el vertido tóxico. Según figura en la documentación enviada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) por Boliden, Geocisa realizaba análisis trimestrales sobre filtraciones y funcionamiento de la depuradora que trataba las aguas de la balsa. La CGH requirió sin éxito a la empresa propietaria de la mina la copia del contrato con Geocisa.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir requirió a Boliden que designara "una empresa colaboradora homologada" para realizar el seguimiento y el control del tratamiento de las aguas tóxicas que albergaba la balsa de Aznalcóllar. Según la documentación recabada por la CGH en relación a los vertidos de la explotación, -a la que ha tenido acceso este periódico- exigió a Boliden que la "empresa colaboradora" le enviara informes trimestrales. Tras la autorización provisional de octubre de 1994 que permitió a Boliden verter al río Agrio el agua tóxica que almacenaba la balsa los análisis trimestrales sobre el tratamiento de las aguas, así como el informe anual sobre el funcionamiento de la deputadora fueron realizados por Geocisa. Sin embargo, en la documentación recabada por la CGH no se incluye el contrato por el que Boliden encargaba a Geocisa estas labores. Es más, la CGH solicitó en varias ocasiones a Boliden que enviara una copia del documento, sin éxito. El primer requerimiento tuvo lugar el 31 de octubre de 1993. Año y medio más tarde -28 de marzo de 1995-, el CGH volvió a la carga y dio un plazo de 20 días para recibir el documento. La exigencia se solucionó con una escueta nota de Boliden en la que informaba de que había contratado a Geocisa "para el control mensual de análisis de los vertidos e informe trimestral". Responsabilidad El contenido del contrato entre Geocisa y Boliden es determinante para comprobar quien tenía la responsabilidad de controlar el estado de la balsa y la existencia de filtraciones. El ingeniero de Geocisa encargado del seguimiento de los instrumentos de medición en la balsa, Pedro Arozamena, declaró ayer ante la juez que instruye el caso, Celia Belhadj-Ben, informa Europa Press. Y según abogados presentes en su declaración se reafirmó en las manifestaciones realizadas por otros responsables de la empresa que han comparecido como imputados. Arozamena afirmó que Geocisa sólo realizaba trabajos puntuales para Boliden y que tal labor se podía definir como "asistencia técnica". El ingeniero de Geocisa insistió en que Boliden estaba a cargo de la ejecución de las recomendaciones de su empresa. Y explicó que en la balsa faltaban medidas de control como aforadores para registrar las filtraciones de aguas tóxicas. Según indicó Arozamena, Boliden alegó "falta de presupuesto" para desestimar su instalación. El abogado de Geocisa, Rafael Pérez Vargas, recalcó que su empresa no llevaba a cabo todos los controles de seguridad de la balsa, sino aquellos que se le habían encargado exclusivamente. Este letrado aseguró a los periodistas que los problemas de lectura de los inclinómetros durante 1997 -instrumentos para medir movimientos en el subsuelo de la balsa- no invalida el informe de Geocisa que certificaba el buen estado de la balsa. Según Pérez Vargas incluso el inclinómetro roto-tres estaban sucios-, hizo correctamente 56 de las 58 lecturas. Arozamena, que fue uno de los ingenieros que realizó el informe señaló en su declaración que Boliden no informó de dos recrecimientos del muro de la balsa de 15 y 7 centímetros entre 1997 y 1998, que aumentó su capacidad en 20.000 metros cúbicos. Antonio Gordon e Hipólito Martín serán los empleados de Geocisa que comparecerán mañana en el el juzgado de Sanlucar la Mayor.