Blindaje

La reiteración del asesinato en Rentería de un concejal del Partido Popular se produce justo cuando el PNV participa en un foro de debate, auspiciado por Herri Batasuna, donde se trata de construir un acuerdo de construcción nacional potencialmente capaz de alumbrar en Euskadi una nueva mayoría política. Pero la novedad más llamativa de semejante foro de debate es la de estar blindado contra los asesinatos de ETA, que, de producirse, no deberían interrumpir la continuación del diálogo. Pues, tal como declaró en su día el propio portavoz Egibar, el PNV mantendrá el diálogo con HB "aunque ETA asesine a un militante nacionalista": mucho más si se trata de un adversario electoral.Por lo tanto, el crimen del ueves pasado proporciona la ocasión de probar la solidez de ese blindaje. Si el PNV se limita a condenar el atentado, pero continúa dialogando sin límites con Herri Batasuna, ETA podrá interpretar que la nueva política de mano tendida ofrecida por el PNV va esta vez en serio. Tanto es así que incluso Egibar podrá presumir del éxito del blindaje, como si confirmase la bondad pacificadora de la vía Ollora. Estrategia ésta de apaciguamiento que es como la de poner la otra mejilla, sobre todo si esa mejilla es la de otro: el rival electoral que involuntariamente sacrifica su vida para demostrar la cristiana caridad de los nacionalistas.

Esta teoría del blindaje es perversa, y como tal debe ser denunciada. Para que pudiera contribuir a la pacificación, la vía de diálogo debería estar efectivamente blindada, pero en sentido estrictamente opuesto al previsto por Egibar. Con crímenes no hay diálogo: éste fue el blindaje impuesto por el juez Mitchel que hizo posible en Irlanda el acuerdo de Stormont. Pero, en cambio, el blindaje aceptado por la vía Ollora brinda la coartada opuesta: los crímenes no impiden el diálogo, sino que, paradójicamente, lo refuerzan. Así, la inmunidad al asesinato se toma como el mejor test para validar la solidez del diálogo. Y el que esto sea aceptado por el partido que ejerce el poder civil en el País Vasco equivale a una derogación selectiva del Código Penal, que las autoridades vascas deciden otorgar graciosamente a ETA, incentivando la rentabilidad política de sus asesinatos.

Pero lo malo de este blindaje no es que sea un error ineficaz y contraproducente, sino que es una trampa descarada. Al margen de los aspectos penales y morales, tolerar el crimen político equivale a jugar electoralmente con ventaja. En efecto, el asesinato de militantes populares produce como consecuencia objetiva que se reduzca la participación ciudadana potencialmente favorable al Partido Popular. Los vascos de centro derecha se reprimirán antes de presentarse como candidatos y se reprimirán a la hora de ir a votar. En consecuencia, se elevará mucho el abstencionismo electoral, en perjuicio del PP y en claro beneficio del voto nacionalista. Y es que, según han demostrado todos los teóricos del nacionalismo (como Gellner, Anderson, Breuilly o Smith), tras la retórica nacionalista, aunque ahora se vista de diálogo y pacificación, sólo se oculta la más desnuda lucha por el poder, que siempre busca el desistimiento de los adversarios y la abstención de los electores ajenos, ofreciéndose como los únicos bomberos que pueden apagar el mismo fuego que con su diálogo aceptan realimentar.

Es verdad que sólo se acabará con ETA por la vía política, pero por eso mismo lo más preocupante es la falta de voluntad política que demuestra el PNV para acabar con ETA. Dada su posición en el tejido social vasco, los nacionalistas deberían liderar la resistencia civil contra ETA: pero no quieren por pura miopía política, ya que temen perder el poder que ostentan. En consecuencia, hacen lo posible por desarmar los intentos de resistencia que, por defecto, surgen de la sociedad civil, como es el caso del Foro Ermua. ¿Qué solución queda? Sólo la de obligar políticamente al PNV a que cambie su estrategia. Y ello exige un acuerdo postelectoral entre populares y socialistas, capaz de imponerse a la nueva mayoría del blindaje nacionalista.