Sobre el "caso Marey"

No es función del Defensor del Lector, como es sabido, inmiscuirse en el terreno de la opinión, tanto si es la del periódico, expresada en sus editoriales, como la de los diversos comentaristas que analizan y valoran, desde sus particulares y cualificados puntos de vista, los acontecimientos informativos de cada día. Salvo que, como es lógico, la toma de posición editorial o el comentario contengan datos y hechos que, como tales, deben estar sometidos a las reglas y principios de la información o se expresen en términos manifiesta e injustamente lesivos para las personas. Pero al Defensor del Lector no le está vedado atender peticiones sobre aclaraciones de tal o cual toma de posición editorial o sobre el alcance y sentido de un determinado comentario.A Leopoldo J. Rojo Sastre, lector de primera hora de EL PAÍS en Madrid, le han suscitado dudas algunos aspectos de la columna de Javier Pradera Hipótesis y pruebas en torno al juicio que se sigue ante la Sala Segunda del Supremo sobre el caso Marey (EL PAÍS de 10 de junio), y especialmente lo que considera empeño del columnista en "hacer apurar al señor Barrionuevo el cáliz hasta las heces". Para este lector, Pradera no deja de verter en sus escritos o en sus tertulias radiofónicas "un poco más de acíbar en las heridas o de apretar un poco más los instrumentos de tortura sobre aquel a quien ya ha condenado hace tiempo". En resumen, este lector juzga poco piadosa la actitud de Pradera para con el antiguo ministro socialista del Interior José Barrionuevo, y pide al Defensor del Lector que se le explique en qué se diferencia la actitud de EL PAÍS y la del periódico El Mundo en este asunto.

En lo que se refiere a Javier Pradera, éste no ha tenido inconveniente en atender la invitación del Defensor del Lector para que conteste a la crítica del lector sobre sus opiniones acerca del futuro procesal de Barrionuevo expresadas en su columna Hipótesis y pruebas y en la tertulia Hoy por hoy, de la cadena SER. Y, por lo que se refiere al Defensor del Lector, no hay inconveniente tampoco en explicar la posición de EL PAÍS sobre el caso Marey y en general sobre la guerra sucia contra ETA para que éste y otros lectores establezcan por sí mismos las diferencias existentes en este asunto respecto del diario El Mundo.

Dice Javier Pradera: "Ni condeno ni absuelvo por anticipado a José Barrionuevo: esa tarea corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo. En un Estado de derecho, los tribunales penales son la única instancia legitimada para cancelar la presunción de inocencia de los acusados, tras practicar una actividad probatoria suficiente y motivar su veredicto. Los adversarios del ex ministro violan sus derechos constitucionales como justiciable al montar un juicio paralelo, extramuros del Supremo, para obligar así a los magistrados a establecer como verdad judicial una reconstrucción de los hechos culpabilizadora de Barrionuevo (por verosímil que pueda resultar históricamente esa hipótesis). Y aun siendo cierto que, desde un punto de vista humanitario y garantista, los vengativos esfuerzos por conseguir una condena de un enemigo político no sean equiparables con los generosos intentos de lograr la absolución de un amigo personal (aunque sea manejando hipótesis inconvincentes), los organizadores del juicio paralelo de signo opuesto para forzar la sentencia exculpatoria del ex ministro también están deslegitimando los mecanismos establecidos por el Estado de derecho para resolver los conflictos penales".

En la medida en que la posición aquí resumida de Pradera es representativa de la de EL PAÍS, el lector puede deducir las diferencias existentes entre este periódico y El Mundo respecto del proceso que se ventila actualmente ante la Sala Segunda del Supremo. Pero el Defensor del Lector, como se ha dicho más arriba, no tiene inconveniente en exponer cuál ha sido la posición de EL PAÍS sobre el tema de los GAL, y en general sobre la guerra sucia contra ETA, para que el lector establezca por sí mismo las diferencias.

He aquí los trazos más significativos de la posición editorial de EL PAÍS sobre una cuestión que, degraciadamente, ha ensombrecido durante demasiado tiempo la democracia española, al tiempo que se convertía en un elemento de distorsión y de crispación de la vida política:

1. Condena sin ambages de la guerra sucia contra ETA, tanto la referida a los GAL como la atribuida a los diversos grupos que, bajo las siglas BVE, ATE o TripleA, actuaron en la época de los Gobiernos de UCD.

Como botón de muestra baste recordar el editorial publicadado pocos días después del secuestro de Segundo Marey -primera actuación delictiva de los GAL-, que se iniciaba así: "El asesinato en Bayona de Ramón Oñederra, un refugiado vasco del que se presumían conexiones o simpatías con ETA Militar, confirma los temores, nacidos con el extraño secuestro de Segundo Marey y la detención de un ex legionario de apellido español, del comienzo de operaciones de guerra sucia en el País Vasco francés contra militantes o simpatizantes de las bandas terroristas. La expresión guerra sucia no es, en realidad, más que un hipócrita eufemismo para designar actividades criminales que se revisten de terminología militar con el inútil propósito de hacerse perdonar su infamia y de acogerse a la protección, supuestamente ennoblecedora, de los móviles políticos. Los patrocinadores de esta barbarie no hacen sino ocupar un lugar simétricamente opuesto al de los terroristas" (La guerra sucia, 21 de diciembre de 1983).

2. Exigencia -expresada en numerosos editoriales- de que el caso Amedo fuera judicialmente investigado en toda su extensión y crítica, en consecuencia, a la negativa del Ministerio del Interior a facilitar al juez Garzón los datos sobre los fondos reservados que necesitaba para culminar la instrucción sumarial. Del mismo modo, exigencia -cuando el asunto GAL resurgió judicialmente en diciembre de 1994- de un esclarecimiento de los hechos ante los tribunales, así como de la celebración lo más rápidamente posible del juicio para evitar, de un lado, que una posible prescripción de los supuestos delitos impidiese su esclarecimiento judicial y, de otro, que una dilatación excesiva del proceso siguiera hipotecando gravemente, como era evidente que sucedía, el normal desenvolvimiento de la vida política e incluso institucional del Estado.

3. Oposición a la instrumentación política partidaria del tema de los GAL, con mayor motivo por serlo por grupos que podrían pasar por ser los ideológicamente más comprensivos con los métodos de la guerra sucia o que miraron hacia otro lado mientras se perpetraban los crímenes. 4.Posición favorable a que el Gobierno socialista asumiera responsabilidades políticas, con independencia de las posibles responsabilidades penales, que siempre serían de carácter personal. 5.Respeto absoluto por el procedimiento del Tribunal Supremo, así como por su eventual decisión incluso si es absolutoria, sin presionar en un sentido u otro a los magistrados del tribunal.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o teléfonearle al número 91 337 78 36.