Un ingeniero que revisó la balsa de Boliden dice que la empresa no siguió sus consejos

Un nuevo cabo del que tirar. La juez que instruye las diligencias por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar escuchó ayer la declaración de Daniel Comesaña, técnico de Geocisa, empresa que supervisaba el estado de la balsa siniestrada por encargo de su propietaria, Boliden. Comesaña explicó que la empresa canadiense-sueca no siguió algunas de las recomendaciones de Geocisa sobre los sistemas de control: faltaban aparatos para registrar filtraciones en las paredes, así como los indicadores de la altura de llenado de la balsa y del nivel de sedimentos que albergaba.

La titular del Juzgado número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Celia Belhajd-Ben, escuchó ayer las palabras del tercer imputado al que ha citado para declarar por el vertido tóxico que anegó el pasado 25 de abril, el cauce del río Guadiamar. Comesaña, ingeniero de Geocisa que participó en el proyecto de recrecimiento de las paredes de la balsa siniestrada, aseguró que Boliden no había instalado algunos sistemas de control que fueron aconsejados en 1997 por Geocisa."Boliden no estimó oportuno llevar a la práctica estas recomendaciones", explicó a los medios de comunicación el abogado de Comesaña, Rafael Pérez Vargas. El letrado insistió en que la ejecución del recrecimiento de las paredes de la balsa -los muros medían en algunas zonas 21 metros, y la altura máxima proyectada era de 25- corrió a cargo de Boliden, y en que Geocisa "no tenía un control global sobre la presa sino que se limitaba a actividades puntuales", informa Efe.

Entre estas "actividades puntuales", Geocisa elaboraba un informe trimestral por encargo de Boliden en el que certificaba el estado de los muros de la balsa. "El comportamiento del dique de la balsa de residuos hasta la fecha es correcto", rezaba el último documento elaborado para la empresa propietaria de las minas y que ésta a remitió a la Consejería de Industra del Gobierno andaluz cinco días antes de la rotura. El ingeniero de Geocisa explicó ayer que tal control se realizaba a partir de datos recogidos por piezómetros -que medían la potencia del agua embalsada-, inclinómetros -que registraban movimientos de tierra bajo el dique- y 26 puntos en los que se evaluaba la deformación externa de los muros.

Expertos consultados por este periódico señalaron que tales medidas son "necesarias" para estimar la seguridad de una balsa, aunque se remitieron a los informes periciales al ser cuestionados sobre si son suficientes.

El ingeniero de Geocisa aseguró ayer que advirtió a Boliden de la necesidad de instalar aforadores en el perímetro de la balsa. Estos instrumentos sirven para medir las filtraciones de aguas saturadas de metales pesados -la balsa albergaba cinco millones de metros cú-bicos-, datos que Geocisa debía incluir en su informe. Pero, según Comesaña, Boliden, que era la que debía instalar los aforadores, no hizo caso de la advertencia.

Geocisa, según la declaración de su ingeniero, también aconsejó a Boliden que instalara sendos sistemas para controlar la cota de llenado y de los sedimentos que contenía la balsa. Ambas medidas de seguridad no entraban en el ámbito de competencias de Geocisa, según Comesaña, que, en todo caso, aseguró que la cota de llenado no se superó en ningún momento antes de la rotura.

"El sistema de control no era completo", concluyó tras la declaración Jesús López de Lemus, abogado que representa a la propietaria de una finca afectada por el vertido. Algunos de los letrados que ejercen la acusación particular subrayaron la importancia del informe pericial encargado a profesores de la Universidad Politécnica de Barcelona. Además de aclarar si las medidas de seguridad eran suficientes, los peritos tendrán que establecer si el mal funcionamiento de los inclinómetros (véase EL PAÍS del 17 de mayo) condiciona las conclusiones positivas de los informes de Geocisa. Comesaña indicó que informaron a Boliden de que estos instrumentos habían dado problemas de lectura durante 1997.

A partir del informe pericial la juez tendrá que aclarar también si la Consejería de Industria cumplió con su función de "control y vigilancia", que ayer exigieron varios abogados. Fuentes de la Consejería insistieron en su línea de defensa: la legislación sólo obligaría a que un experto externo a Boliden, en este caso Geocisa, informara sobre el estado de la balsa.