Catálogo de horrores

A 50 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la ONU, un mojón destinado a que no se repitieran las atrocidades que precedieron y marcaron la segunda gran guerra, el nuevo orden mundial deja mucho que desear. Así se desprende del informe de Amnistía Internacional (AI) para 1998, «el año de las promesas rotas», en el que, sin esconder lo obvio -el avance de la democracia en los últimos 25 años-, la organización humanitaria creada en 1961 vuelve a poner ante nuestros ojos un catálogo de horrores de difícil digestión.Hasta 141 países figuran en el negro listado de los abusos sistemáticos contra los derechos humanos. En muchos de ellos, Gobiernos y grupos armados cometen ejecuciones ilegales, secuestran, torturan, hacen desaparecer a sus ciudadanos. Una vez más se constata que ni siquiera las sociedades con tradiciones democráticas arraigadas son inmunes a las transgresiones en este terreno por parte de algunos agentes del poder.

El rosario no deja zona indemne. Desde África (matanzas generalizadas en la región de los Grandes Lagos, Argelia o el Congo, torturas y ejecuciones en Nigeria) hasta América (las extralimitaciones de fuerzas de seguridad y paramilitares en México, los presos del régimen cubano, las carnicerías en Colombia), pasando por Oriente Próximo, China o la misma Europa, donde la tortura y los malos tratos siguen a la orden del día en 28 países, y donde más de un millón de refugiados no pueden volver a la teóricamente pacificada Bosnia.

La mejor ilustración de las escaseces del nuevo orden, reflejadas en la impunidad con la que se mueven muchos de los instigadores de los más graves delitos que describe AI, la proporciona estos días el debate en Roma sobre la creación de un tribunal supranacional que juzgue genocidios y crímenes contra la humanidad. A pesar de su obvia necesidad, ya afloran serias reservas a su puesta en pie: los motivos van desde la extensión de su jurisdicción hasta los mecanismos para desencadenar su acción. Incluso algunos países que predican el liberalismo consideran disparatado que sus nacionales puedan ser llevados ante una corte fuera de su control.

Durante casi dos siglos, la creencia liberal en el inevitable progreso de los derechos humanos y los sistemas democráticos ha sido más un acto de fe que otra cosa. Sin ser ilusos, sin embargo, es un hecho que en la segunda mitad del siglo que acaba la lucha contra el colonialismo y la segregación racial han cambiado la faz de nuestro planeta y que los derechos consagrados en la Declaración de la ONU se han convertido en causa común para ciudadanos de muchos países. Ha caído el comunismo, han desaparecido muchas dictaduras.

Pero, como AI recuerda, para buena parte de la humanidad, los derechos bendecidos en aquel documento (económicos, políticos, civiles, culturales) son papel mojado. En más de un tercio de nuestro planeta, sus habitantes luchan por sobrevivir con el equivalente a un dólar de renta cada día; decenas de miles de niños mueren a diario por desnutrición, las mujeres carecen de toda voz y muchos hombres se consumen en cárceles indescriptibles por delitos inventados.

España no es ajena al escrutinio de Amnistía, que hace mención expresa de los 13 asesinatos de ETA en 1997, frente a los cinco del año anterior. Al tiempo, AI continúa recibiendo informes sobre presuntos casos de tortura y malos tratos infligidos por agentes policiales, algunos de tinte claramente racista. Coincide en este último extremo con el Comité contra la Tortura de la ONU, que elogia las medidas adoptadas por el Gobierno en este terreno, pero considera que las sentencias dictadas por los tribunales contra funcionarios acusados de tortura son a veces meramente nominales.