El timo de los 65.000 millones de dólares

El banquero mexicano Ángel Isidoro Rodríguez, alias El Divino, merece ser pasado por las armas al amanecer, defienden los más acalorados, de demostrarse las imputaciones endosadas en los pasquines de busca y captura cursados en su contra por la autoridad bancaria y la Interpol: fraude, violación de las leyes de crédito y valores, deudas al erario público por 440 millones de dólares y manifiesto desprecio de la justicia. Fugitivo de lujo durante casi dos años, fue detenido en las costas de Ibiza en julio de 1996 , pese a tratar de huir a nado: se lanzó al agua desde de su yate Moondance al observar el abordaje de la policía de Baleares. A principios de mes fue devuelto a México.El Divino es rico a la mexicana, o séase, a lo grande, y al amparo del caos financiero de las Navidades de 1994 y de la recesión de 1995 lo fue más. El Gobierno se endeudó entonces hasta las cejas para impedir el colapso del sistema bancario y el cierre de empresas y repartió créditos a espuertas, y Rodríguez obtuvo 800 millones de dólares supuestamente destinados al salvamento de su negocio. Después, ¡viva la Pepa! Ya pagaré cuando pueda, ha prometido en los juzgados el águila azteca.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue el instrumento utilizado por el Ejecutivo para no tomar otra medida más severa cuando se sucedían las quiebras: la nacionalización de la banca. El Fobaproa adquirió como activos del Estado las deudas de bancos arruinados y empresas en crisis, los ranchos, casas y propiedades dejados en garantía por los deudores. Pero en aquel patriótico reparto de millones y asunción de carteras vencidas para evitar que 13 millones de ahorradores perdieran sus depósitos y miles de mexicanos su trabajo, se coló el hampa de guante blanco.

Muchos banqueros honrados perdieron la mayor parte o todo su capital, pero otros aumentaron con creces el suyo al declararse sin blanca y extender tramposamente la mano. Impunes todavía buena parte de los sinvergüenzas, y sus cómplices en la Administración, vuelan a Miami en avionetas, mantienen la flota de deportivos, y no les quita el sueño las consecuencias del monumental saqueo.

A tres años y medio del trance, el Gobierno de Ernesto Zedillo envió al Congreso una propuesta polémica: convertir definitivamente en deuda pública los 65.000 millones de dólares en pasivos del Fobaproa, incluidos los millones concedidos a reos y prófugos y defraudadores en libertad y nunca cobrados.

La oposición y diputados del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigen la rendición de cuentas, una auditoría independiente de la operación de rescate, la identidad de los beneficiarios y cómo se ha hecho la distribución de una millonada que equivale a 15 puntos del PIB.

«Se pretende que 90 millones de mexicanos paguemos el quebranto derivado de unos cuantos grandes deudores que se declararon insolventes», protestó Manuel Ebrand, parlamentario del Centro Democrático (PCM). Jesús Landaverde es clase de tropa entre las víctimas. Dejó de pagar sus deudas porque el crédito hipotecario de 156.000 pesos (unos 17.500 dólares al cambio de hoy) adquirido en 1993 se le ha puesto en 600.000 pesos (unos 66.500 dólares). «Y de que coman en casa del banquero o en la mía, pues en la mía», dice.

Comparten su angustia miles de compatriotas morosos incapaces de pagar. Los bancos reflotados endurecieron sus condiciones en la concesión de créditos, las tasas de interés se dispararon por las sucesivas devaluaciones, y los salarios perdieron capacidad adquisitiva. Quienes pagaban mensualidades de 1.500 pesos (unos 170 dólares) al mes se encontraron con que debían pagar más del doble. Decenas de miles de particulares endeudados para comprar coches o casas y cientos de miles de usuarios de tarjetas de crédito interrumpieron sus pagos porque, en su gran mayoría, no tienen con qué reanudarlos.

Igual ocurrió con empresas que habían contratado créditos para la compra de materiales o nuevas inversiones. «El rigor con el que se ha cortado presupuesto al gasto de empresas estratégicas e instituciones sociales», lamenta el analista Antonio Gershenson, «contrasta con el trato amable a los banqueros, a facilitarles primero 14.000 millones de dólares y luego bastantes más».

Landaverde compró el piso que alquilaba el año del primer empréstito, «y ahora mi dinero y mi departamento valen menos, y el del banco vale más».

«Esto en un asunto demasiado grande, es el escándalo del siglo», opina Porfirio Muñoz Ledo, líder parlamentario del centro-izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), nada dispuesto a facilitar la aprobación legislativa. Se pretende pasar a la población, denuncia, una deuda casi igual a la deuda pública externa, que es de 75.000 millones de dólares.

Y a mayor deuda, menores posibilidades de hacer frente a problemas de tanta gravedad y urgencia como la pobreza, el desabastecimiento o las carencias en educación y salud. Cierto es, sin embargo, que el asunto, inevitablemente, se ha politizado, y se acercan las elecciones presidenciales del 2000.

«Pero lo que parece claro es que el Congreso debería aprobar la propuesta del Gobierno porque, de hecho, los 67.000 millones son deuda pública», sostiene un ejecutivo español. «El Fobaproa es un freno a nuevos capitales en México, porque nadie quiere entrar hasta saber qué pasa. Creo que primero debe aprobarse la propuesta, vender lo que se pueda de esos pasivos, y después tomar medidas contra los culpables, meter en la cárcel a quien lo merezca, y confiscarles sus bienes».

El desorden resultante de la sucesión de calamidades en aquellas navidades negras todavía escuece, porque se enriquecieron en un país de pobreza lacerante quienes fueron más vivos, o cotizaron sus propiedades a cinco, diez, cien o hasta doscientas veces su valor real. El Fobaproa pagó, y consumaron el negocio de su vida.