La Fiscalía Anticorrupción teme que el PP quiera suprimirla

La Fiscalía Anticorrupción, cuya jefatura ostenta Carlos Jiménez Villarejo, teme que el Gobierno del PP - que desde la oposición propuso su creación- la suprima. En la Memoria de 1997, hecha pública ayer, existen datos que avalan este temor, que expresa uno de los seis miembros de esa fiscalía y presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Carlos Castresana: "Tememos que se cumpla el deseo del influyente catedrático Andrés de la Oliva de que la Fiscalía Anticorrupción debe ser disuelta".Castresana recuerda que De la Oliva mantuvo en la Revista de Derecho Procesal la necesidad de que la Fiscalía Anticorrupción "pudiera desaparecer cuanto antes". De la Oliva invocaba el voto particular discrepante con la ley que creó la Fiscalía Anticorrupción, suscrito en 1995 por él y por los entonces también vocales del Consejo General del Poder Judicial Margarita Mariscal de Gante, hoy ministra de Justicia, y José Luis Manzanares, hoy consejero de Estado.

Entre los déficit de funcionamiento que según Castresana confirman esa voluntad de disolución figura que a diferencia de la Fiscalía Antidroga, que cuenta con 16 delegados, la Fiscalía Anticorrupción sólo tiene dos, a pesar de llevar asuntos en toda España. Igualmente, las unidades de apoyo de la Guardia Civil y de Hacienda no cuentan con despachos en la sede de la fiscalía.

"Sede indigna"

Castresana califica de "indigna" la sede en la que provisionalmente se instaló la Fiscalía Anticorrupción, por la que Justicia paga "una renta multimillonaria", y asegura que las gestiones para el traslado a unas instalaciones adecuadas "han quedado paralizadas desde la llegada del PP al Gobierno".El propio Jiménez Villarejo, en la Memoria de 1997, estima que, además, "no es admisible" que precisamente esta fiscalía se ubique en unos locales alquilados al industrial francés Maurice Gozlan, "persona conocida en Francia por su actividad societaria e inmobiliaria presuntamente delictiva".

La Memoria de 1997 de la Fiscalía Anticorrupción, de 271 páginas, echa en falta una mayor colaboración de las entidades financieras, "ya que no son atendidos con la debida diligencia", dice, "requerimientos como origen y destino de fondos". Entre las circunstancias que contribuyen al éxito de las conductas corruptas, la Memoria destaca la intervención de grandes despachos profesionales, que no sólo asesoran en aspectos jurídicos o económicos, sino que colaboran en el diseño de ingeniería financiera y prestan la infraestructura necesaria para llevarla a cabo.

Para luchar contra estos procedimientos frente a quienes se amparan en "un uso indebido del secreto profesional" y ante las dificultades de la prueba pericial en los delitos económicos, la Fiscalía Anticorrupción pide más facultades, además de más medios humanos y materiales.