PSOE y CiU piden que la justicia aclare si el Gobierno promovió la denuncia contra Sogecable

El procesamiento del juez Javier Gómez de Liaño y el total archivo de la denuncia contra Sogecable produjo ayer un llamativo alineamiento de posiciones entre los principales grupos políticos: mientras representantes del Gobierno y de IU rehuían cualquier reflexión en torno a esas decisiones judiciales, socialistas, nacionalistas catalanes y canarios apuntaban la necesidad de que la justicia investigue quién ha estado detrás de la denuncia, para esclarecer si estuvo o no inducida desde el Gobierno. "No tengo opinión sobre temas judiciales", se limitó a decir el vicepresidente Álvarez Cascos.

Francisco Álvarez Cascos. El vicepresidente primero del Gobierno, que en más de una ocasión ha vertido contundentes opiniones sobre el caso GAL estando sub júdice, rehusó ayer pronunciarse sobre Sogecable: "No tengo opinión sobre temas judiciales".Miguel Ángel Rodríguez. El secretario de Estado de Comunicación, que en su momento alardeó de que Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián iban a ir a la cárcel, no atendió ayer ninguna de las tres llamadas telefónicas que le hizo este diario y que le fueron transmitidas por su secretaria.

Rafael Arias-Salgado. El ministro de Fomento manifestó, por su parte, que respeta siempre las decisiones judiciales, tanto las que le afectan como las que no. Preguntado por este diario sobre si realmente no le afectan las concernientes a Sogecable, añadió: "Me es totalmente ajeno. El Gobierno no ha intervenido. La prueba es esta decisión. La justicia ha actuado: ese asunto empezó de una manera y ha acabado de otra".

Joaquín Almunia (PSOE). El secretario general de los socialistas declaró ayer en Berlín que es "especialmente significativo que sea noticia el que se haga justicia con relación a un juez", informa Efe. "A veces los ciudadanos tenemos la sensación de que los intereses corporativos blindan las actuaciones de algunos jueces o algunas personas relacionadas con el poder judicial que, como todos los seres humanos, pueden tener la tentación de cometer algún delito", apostilló Almunia.

Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE). El secretario de medios de comunicación de la ejecutiva federal del PSOE indicó que no tiene por costumbre opinar sobre las decisiones judiciales, "y más en un caso como este, en el que quedan aspectos procesales pendientes. Pero este embrollo jurídico", añadió, "tiene un origen político, que es un informe encargado por un secretario de Estado de este Gobierno, que dio origen a la querella hoy plenamente archivada. Llevamos meses", agregó, "pidiendo explicaciones al Gobierno sobre ese informe que encargó, y continúa negándose a darlas. Yo adelanto mi explicación: este embrollo jurídico es un episodio más de una guerra del Gobierno contra los medios que no le son afines. Una guerra contra la libertad de expresión".

Joaquim Molins (CiU). El portavoz de CiU en el Congreso destacó que "dentro del respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia, no es poco importante que se haya decidido el procesamiento de un juez. Por fortuna no ocurre cada día. No es, por tanto, un tema baladí. Tanto una decisión como otra, la del archivo de la denuncia contra Sogecable y el procesamiento del juez Liaño, tienen que ver con la libertad de información y con la libertad de mercado y, por tanto, la decisión final de los tribunales puede tener mucha importancia". Una trascendencia que tiene también que ver con la posible intervención del Gobierno en el origen de la denuncia contra Sogecable. "De ahí la importancia de lo que desde el proceso judicial se deduzca: dónde se inició el asunto y quién está detrás de qué", insitió Molins. "Lo importante no es sólo la culpabilidad o no del juez sino la de los intervinientes en la denuncia".

Luis Mardones (Coalición Canaria). El portavoz de Coalición Canaria en la comisión de Justicia del Congreso, consideró "muy positivo que el Supremo acepte el procesamiento tal y como lo ha propuesto el ponente. Es muy importante la llamada de atención para jueces y fiscales".

Julio Anguita (IU). El coordinador general de IU, Julio Anguita, se limitó a señalar respecto a las decisiones judiciales tomadas ayer: "Supongo que habrá razones para haberlas tomado y, por tanto, ni las comento siquiera. Ya veremos más adelante".

Diego López Garrido (Nueva Izquierda). "Es evidente que el juez dictó resoluciones injustas. Ahora habrá que dilucidar si fue a sabiendas, y si hubo complicidad entre el Gobierno y Gómez de Liaño".