Urnas de cuartel

EL CONSEJO de Ministros aprobó el viernes remitir al Consejo de Estado el anteproyecto de Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas. Se trata de un marco legal pensado en la perspectiva de un Ejército totalmente profesional. El anteproyecto, que integra normas dispersas, fija en 48.000 el número máximo de cuadros de mando, de acuerdo con las previsiones de un ejército con un total de 170.000 efectivos, y establece criterios para la enseñanza y la promoción interna. Pero una de las novedades más llamativas es la creación de consejos asesores elegidos por votación democrática.El papel de esos consejos será «analizar y valorar las propuestas o sugerencias» en materia de personal, así como «informar las disposiciones generales que afecten al régimen del personal militar», excluidas las de carácter disciplinario o judicial. De dichos consejos formarán parte «militares de todas las categorías y cuerpos». Se trata, en consecuencia, de órganos consultivos, elegidos -según han precisado fuentes del ministerio- por votación democrática de los soldados, suboficiales y oficiales de los distintos cuerpos.

La idea es absolutamente novedosa en las Fuerzas Armadas españolas, aunque no en otros ejércitos europeos, como el francés o el italiano, donde lleva décadas funcionando bajo los nombres de Consejo Superior de la Función Militar e Instituto de Representación Militar, respectivamente. Sus ventajas resultan obvias. En primer lugar, se abren nuevos cauces a las reclamaciones de los militares, lo cual será esencial para un Ejército completamente profesional. La tradicional cadena de mando no funciona cuando, como sucede con frecuencia, la queja se refiere precisamente al comportamiento del superior que debe transmitirla. Tampoco es una solución el recurso al contencioso administrativo, utilizado por decenas de miles de militares en los últimos años. Además de la lentitud de ésta, las resoluciones a menudo contradictorias de los diferentes tribunales no han hecho sino agudizar el agravio comparativo.

Pero, sobre todo, el nuevo sistema introduce en los cuarteles las formas y modos del sistema democrático, empezando por la elección de aquellos candidatos que obtengan más votos. La mejor forma de asegurar que el Ejército es el último baluarte de la defensa del Estado de derecho frente a una agresión, y no su primera amenaza, como ocurría en un pasado no tan lejano, es que los militares compartan los valores democráticos de sus conciudadanos. Y no sólo por juramento o convicción, sino porque los ejercen y se benefician de ellos.

La equiparación, pese a ello, no puede ser completa. Los militares, en quienes la sociedad deposita el uso de la fuerza necesaria para defenderla llegado el caso, tienen constitucionalmente limitados sus derechos: no pueden formar parte de sindicatos ni de partidos políticos, y tampoco pueden manifestarse colectivamente ni recurrir a la huelga. Así lo ha recordado el ministro de Defensa en una circular conocida estos días.

En resumen, se abre la vía a la elección democrática de los representantes de los militares, manteniendo la prohibición de que formen asociaciones reivindicativas. La apuesta es arriesgada, pues no está claro que el pleno ejercicio de la democracia sea posible sin reconocer el derecho a asociarse. Su acierto sólo podrá juzgarse a la luz de la experiencia de su aplicación.