Cumbre de la droga

LOS PASADOS 8 y 10 de junio se ha celebrado, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la llamada cumbre contra la droga. La sobreabundancia de buenas palabras no ha podido ocultar la escasez de propuestas originales en una cumbre que ha transcurrido en medio de la indiferencia generalizada. La conclusión general podría resumirse en que hay que seguir aplicando más de lo mismo: persistencia en la consideración delictiva de todo lo relacionado con las drogas, llamadas a la cooperación internacional para la persecución del tráfico y el blanqueo de dinero y avances en los programas de reinserción y asistencia sanitaria. Todos ellos elementos positivos, pero posiblemente ineficaces, para atajar un problema que genera una corrupción -económica, social, moral- sin precedentes.La propuesta más llamativa ha sido el plan para erradicar los cultivos ilegales mediante ayudas a los agricultores para sustituirlos por otros. Un objetivo difícil de cumplir, dado que los precios alcanzados por estos productos, como consecuencia de su carácter clandestino, no admiten competencia de los alternativos, a lo que debe añadirse que las drogas tradicionales están empezando a ser desplazadas por otras sintéticas, que no necesitan cultivos, pero sí sustancias químicas, los llamados precursores, que figuran también en la lista de sustancias a perseguir.

Sólo una propuesta externa a la propia cumbre -firmada por 630 intelectuales, entre los que se cuentan ocho premios Nobel- plantea un cambio radical en el enfoque del problema. Sostienen los firmantes que los daños producidos por la criminalización son superiores a los que produce la propia droga. La mayoría de las muertes y las graves enfermedades que afectan a los drogodependientes, las cantidades ingentes de dinero incontrolado que corrompen sociedades enteras y desestabilizan economías y la dificultad en la asistencia y el tratamiento de los afectados son más una consecuencia de la ilegalidad y la sordidez en que se desenvuelve el mundo de la droga, tocado además de un punto de rebeldía y marginación que puede hacerlo atractivo a algunos jóvenes que de los propios efectos de las sustancias prohibidas.

El problema es que una hipotética legalización podría tener efectos negativos a corto plazo y que, para ser efectiva, debería aplicarse simultáneamente en todos o casi todos los países. No son significativas a este respecto las experiencias concretas en uno u otro país; pero será imposible avanzar en esa dirección si ni siquiera es posible iniciar un debate intelectual sin hipocresías y libre de prejuicios.

Es significativo, por otra parte, que el punto más debatido haya sido en cierto modo colateral al caso mismo de la droga. Algunos países, especialmente Estados Unidos, han enfatizado la importancia de la cooperación internacional y han mostrado su desconfianza hacia la voluntad o la capacidad de otros países para enfrentarse eficazmente al problema. Otros, por el contrario, han subrayado la necesidad de respetar las soberanías nacionales y han reprochado a Estados Unidos que sus llamadas a la cooperación internacional puedan entenderse como un derecho de injerencia -como ha ocurrido en México recientemente- o un modo de determinar qué países merecen recibir ayuda para el desarrollo y cuáles no en función de su actitud al respecto y según el criterio de los donantes.