Medio Ambiente comprará terrenos del cauce público del río Guadiamar

El representante del Gobierno en la comisión de coordinación ante el desastre en Doñana, Félix Pérez Miyares anunció ayer que la administración central se incorporará a la operación auspiciada por la Junta de Andalucía para adquirir las fincas afectadas por el vertido tóxico en el río Guadiamar. Esta intervención se limitará, por ahora, a los 100 primeros metros de orilla del río, es decir, el espacio de cauce público sobre el que tiene competencias la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Unos límites ignorados por muchas de las fincas.

"No nos vamos a meter ahora en un proceso judicial para decidir la titularidad", explicó ante los medios de comunicación Pérez Miyares. Con la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de hacerse cargo de la compra y reforestación del cauce del Guadiamar, el deslinde del terreno, exigido por la Junta para iniciar la adquisición de fincas, se hace innecesario. El representante del Gobierno indicó que el crédito extraordinario de 4.500 millones de pesetas solicitado por Medio Ambiente cubrirá este gasto. De idéntica partida saldrán los más de 1.500 millones en los que Pérez Miyares cifró la operación de desembalse del agua tóxica de Entremuros, que empezará la próxima semana.