El Consell insta al diálogo en el conflicto pesquero con Baleares pero entiende a la flota de Alicante

El director general de Pesca de la Generalitat valenciana, Enrique Bellés, aseguró ayer que es necesario reabrir el diálogo para acabar con el conflicto que la flota de Alicante que pesca en los caladeros de Ibiza mantiene con el Gobierno balear. Bellés aseguró que el enfrentamiento surge de una legislación "que se contradice entre sí", y afirmó que el ministerio debe intervenir para solventarlo. Bellés dijo que entiende la postura de la flota alicantina, que está incumpliendo el horario límite de pesca, motivo por el cual se le han levantado ya 49 actas de infracción.

El responsable de Pesca de la Consejería de Agricultura explicó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo insular "son razonables, ya que tienen como objetivo regenerar el fondo marino". "Estoy seguro de que en este objetivo coinciden los pescadores alicantinos", dijo Bellés, que añadió que las medidas se tomaron "sin agotar todas las vías de diálogo". El director general de Pesca se refería a la orden del Gobierno balear por la que se establece que todas las embarcaciones de arrastre que tengan establecido el puerto base o utilicen puertos de Baleares deberán emplear un máximo de 13 horas diarias desde que salen del muelle hasta su regreso. La legislación estatal establece en 14 horas el límite de pesca. "La solución debe llegar por la vía del diálogo", dijo Bellés, "pero entiendo la postura de los pescadores de Alicante, ya que la decisión de recortar el horario se adoptó sin agotar esa vía, además está impugnada por los pescadores alicantinos [por contradecir una ley de mayor rango] y se está haciendo cumplir con sanciones sin esperar a la resolución judicial". Bellés aseguró que se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura y Pesca para que medie en el conflicto. Por otra parte, la Consejería de Agricultura balear ha levantado desde el pasado lunes 49 actas contra pesqueros alicantinos que faenan en la zona, informa Efe. Por su parte, desde la Cofradía de Pescadores de Alicante se han valorado en 200 millones de pesetas las pérdidas que ocasiona la normativa balear a los cerca de 50 pesqueros de arrastre que tienen base en La Vila Joiosa, Calp, Altea, Santa Pola, Xàbia y Dénia, y que trabajan en los caladeros de las islas. El Gobierno insular por su parte recuerda que tiene competencias para dictar esta orden y niega que se discrimine a ninguna flota, ya que los pescadores de Baleares también deben cumplirla.