El presidente se muestra optimista sobre el debate en el seno del CVC

El callejón sin salida al que parece abocado el dictamen sobre la lengua encomendado por las Cortes Valencianas al Consell Valencià de Cultura (CVC) no preocupa a Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat. "Habrá acuerdo antes del verano", afirmó ayer en los pasillos de las Cortes. Las divergencias sobre la filiación de la lengua son un asunto de importancia menor en relación con el impulso que merece el uso de la lengua, comentó Zaplana. Los plazos para llegar a un acuerdo carecen de mayor importancia. "Prefiero un buen acuerdo a un pacto precipitado", dijo Zaplana. El presidente se mostró convencido de que todos los consejeros designados por el Partido Popular se acomodarán en breve a un acuerdo que permita salvar el actual bloqueo que sufren las conversaciones que mantienen los miembros del órgano consultivo de la Generalitat. Sólo admitió que hay dos miembros del CVC cuya posición no se atreve a anticipar. El presidente de la Generalitat reiteró que el acuerdo está más cerca que nunca y afirmó que no existen problemas en torno al organismo que tendrá competencias normativas sobre la lengua en el futuro. Respecto al origen y vinculaciones familiares del valenciano, Zaplana prefirió obviar el asunto en favor de la utilización popular de la lengua. Indefinición Santiago Grisolía, presidente del CVC, ha preferido aplazar la tercera reunión de la comisión que debía abordar la naturaleza de la lengua. Los consejeros propuestos por el PSPV y Esquerra Unida-Els Verds mantienen sin ambages la tesis de la unidad de la lengua en su diversidad. Pero los representantes del Partido Popular mantienen una difícil indefinición al respecto que impide la redacción definitiva de un documento único y abre la puerta a posibles votos particulares que puedan desvirtuar el consenso reclamado por las Cortes Valencianas. Los miembros del CVC han acordado que la denominación oficial de la lengua sea la de valenciano, aunque los representantes de los partidos de la oposición parlamentaria invocan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la legalidad del término catalán en el ámbito académico. Todos los consejeros coinciden en que las denominadas normas del 32 deben definir la normativa de la lengua, pero los representantes de las fuerzas de izquierda exigen una adaptación de las mismas al desarrollo posterior del lenguaje de uso habitual, extremo que parecen no aceptar los representantes del PP. Zaplana aseguró que no piensa intervenir de forma pública en el proceso de debate y que no tiene ninguna intención en "hacerse la foto" con los miembros del CVC si las negociaciones llegan a feliz término y se alcanza un acuerdo que no dudó en calificar como "histórico".