Todos los condenados por el fraude de Osakidetza recurrirán al Supremo

Los cinco condenados por el fraude en las oposiciones de Osakidetza de 1990 presentarán un recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Esto significa que este tribunal estudiará las alegaciones que planteen los abogados defensores y dictaminará si en el fallo de la Audiencia Provincial de Vitoria hay algún error de apreciación en los indicios que han servido para condenar a dos ex altos cargos de Osakidetza, dos empleados y al director de la empresa que corrigió los exámenes.

En el mejor de los casos transcurrirá al menos un año antes de que se celebre la vista en la Sala Segunda sel Supremo. Una vez que dictamine este órgano, aún cabría la posibilidad de recurrir su decisión ante el Tribunal Constitucional si alguna de las partes entendiera que se han vulnerado sus derechos fundamentales. La sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria condena al director general de Osakidetza cuando se produjo el fraude, Mario González, y al ex director de Gestión Económica del Servicio Vasco de Salud, Pedro Pérez, a seis años y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público. Asimismo, condena por idéntico motivo a la misma pena a José Ángel Martín, que era técnico superior de Osakidetza y asesor de la oposición. A Pablo Sastre, que era empleado de Osakidetza en 1990, le considera culpable del mismo delito que a los anteriores y le impone seis años y un día de cárcel, mientras que a Francisco Javier Abásolo, que era el presidente de la empresa encargada de corregir los exámenes, le castiga con un año de prisión por falsedad en documento oficial cometido por un particular. Según el fallo, entre diciembre de 1990 y marzo de 1991 Mario González entregó a Pedro Pérez los disquetes y las pestañas de los ejercicios junto a los datos personales de los participantes en la oposición. Pérez viajó junto a Sastre y Martín a la sede madrileña de la empresa que custodiaba los exámenes para corregirlos y allí realizaron el cambiazo Los abogados de los cinco condenados confirmaron ayer que van a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo por entender que sus defendidos han sido castigados por "indicios débiles" que han sido refutados en la vista oral por otros hechos. Iñaki Martínez, letrado que defiende a José Ángel Martín, señaló que las pruebas contra su cliente "no sirven como para condenarle y desvirtuan el principio constitucional de la presunción de inocencia. Lo de indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo, sólo ha servido para algunos de los acusados". Ignacio Gómez, abogado de Pablo Sastre, insistió en que "durante el juicio la acusación no ha roto la presunción de inocencia" de su defendido. "Además", apuntilló, "a mi cliente no se le ha aplicado el tipo penal correcto para estos casos". El defensor de Mario González, Félix Rojo, y el propio director de la empresa que corrigió las pruebas, Francisco Javier Abásolo, recalcaron la idea de que han sido condenados "únicamente" por indicios.