La Junta expropiará las fincas si no hay acuerdos

El Gobierno andaluz no descarta expropiar las tierras agrícolas afectadas por el vertido de las minas de Aznalcóllar si en un plazo "razonable" de tiempo -que aún no ha sido determinado- no se alcanza un acuerdo con los propietarios de los terrenos para su adquisición, según dijo ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Rafael Camacho.

La intención de la Junta es abrir un corredor verde para preservar Doñana, deslindar claramente la porción exacta de las tierras afectadas y que no exista incertidumbre en los mercados exteriores sobre la calidad de los productos agrícolas de otras zonas de la comarca. La Junta aprobó ayer una decreto para facultar a la Consejería de Agricultura a la compra de los terrenos, delimitados en un decreto anterior del 12 de mayo.

Para la operación, los propietarios de las parcelas deberán presentar voluntariamente ante la Consejería de Agricultura las ofertas de venta, que serán negociadas entre ambas partes hasta acordar un precio. Los vendedores deberán acreditar la titularidad registral de las tierras, para asegurar que no soportan otras cargas.

Según dijo el portavoz dek Gobierno andaluz, hay indicios de que algunos agricultores han rebasado los lindes de sus parcelas y han ocupado el cauce del Guadiamar, de domino hidrológico. La Junta ha reclamado que la Confederación Hidrográfica debe realizar una delimitación definitiva.

A las tierras se podrá añadir la adquisición de otros bienes no incluidos en el ámbito territorial afectado por los residuos mineros, pero cuya conservación resultara antieconómica.