Entre la perversidad, la futilidad y el riesgo

Durante las últimas semanas, los medios de comunicación de Andalucía vienen reflejando en sus páginas algunas de las propuestas del proyecto de Ley de Cajas de Ahorro Andaluzas (LCA), que el gobierno de la Junta pretende aplicar, si lo aprueba el Parlamento. Como muy bien reseñaba un prestigioso columnista en EL PAÍS, el 21 de septiembre del año pasado (al enjuiciar la polémica suscitada en la comunidad autónoma de Castilla-León), la regulación de las Cajas de Ahorro a nivel autonómico se está caracterizando por la confusión y la pretendida intervención de los gobiernos regionales. En este sentido, entiendo que es oportuno dar algunas claves, que contribuyan a mejorar y esclarecer el debate sobre la LCA. El primer aspecto a considerar es que esta futura ley no pretende profundizar en el proceso de democratización de las Cajas de Ahorro. El discurso del gobierno andaluz es excesivamente retórico, pues quieren convencernos de la imperiosa necesidad de crear un marco legal, cuando en el fondo lo que subyace es un intento legítimo de sembrar la confusión y aumentar así su control sobre un sector importante y cualificado del ámbito financiero andaluz. No olvidemos que las Cajas de Andalucía han manejado más de tres billones de pesetas en 1997 (lo que supone un tercio de la renta regional), y sus beneficios después de impuestos son cuantiosísimos. Todas estas peculiaridades han dado lugar a titulares de prensa, como "las autonomías han encontrado un filón en las cajas para sacar buenos réditos políticos con sus inversiones", "Excelentísimo señor (refiriéndose a un presidente de comunidad autónoma): no meta la mano en la caja".... Las leyes aprobadas por Zaplana y Bono en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, respectivamente, son los argumentos que ha esgrimido el ejecutivo andaluz para justificar esta LCA. Es lo que podríamos denominar como la regla del 2x1, que un día proclamó el expresidente Felipe González en la Cámara de los Diputados, con motivo de un debate parlamentario: dos, por el precio de uno. Así pues, los socialistas pretenden controlar las Cajas de Ahorro de Andalucía y Castilla-La Mancha, y todo porque al ejecutivo valenciano se le ocurrió regular el funcionamiento de las Cajas de aquella región. Por otra parte, hay que interpretar la proclama lanzada recientemente desde la Junta de Andalucía como un elemento más de confrontación con el PP, y, en definitiva, con el gobierno de la nación: primero fue la financiación autonómica, después ha sido el medicamentazo, y ahora es la LCA. Sin embargo, olvidan los socialistas andaluces, que el Informe sobre la Renta y el Patrimonio de 1990 ya asumía el principio de corresponsabilidad fiscal; que Alfonso Guerra dijo en 1993: "estamos viviendo con inquietud, ... malestar, ... cómo nos hemos equivocado protegiendo demasiado a los trabajadores"; y que la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) de 1985, se planteaba como reto prioritario la democratización de estas entidades financieras, dando entrada en sus órganos de gobierno a las Corporaciones municipales, los impositores, trabajadores y entidades fundadoras. Es evidente que el ejecutivo andaluz interpreta que el proceso de transición no ha finalizado aún, de ahí que considere, que la "verdadera democratización" se logrará con la aplicación de la LCA, ya que contempla la creación de una caja de cajas, en donde los ayuntamientos (algunos de ellos gobernados por el PP) no van a estar representados en esa nueva entidad. A la luz de todo lo anterior, deberíamos preguntarnos por qué la Junta de Andalucía ha esperado más de trece años para regular el funcionamiento de las Cajas de Ahorro de la región; por qué favorece el involucionismo democrático en este sector, excluyendo a las Corporaciones locales en esa futura Caja de Andalucía; .... Si tuviésemos que sintetizar los tres rasgos fundamentales que distinguen a la futura LCA, destacaríamos la perversidad, la futilidad y el riesgo. La tesis de perversidad sostiene, que cualquier intento deliberado del ejecutivo andaluz por "mejorar" el sector de las Cajas de Ahorro, únicamente servirá para agudizar la situación que se desea remediar. La tesis de futilidad consiste en que cualquier reforma legal, como la planteada desde el gobierno de la Junta de Andalucía, puede deparar unos resultados nulos o de alcance muy limitado. Por último, la tesis del riesgo defiende, que el coste de una ley de esta índole puede ser muy elevado, ya que pone en peligro los logros alcanzados con la aplicación de la LORCA. Un diario llegó a calificar esta operación, de "asalto a las cajas". No puedo finalizar sin recordar aquello que dijo Newton: a toda acción, le sigue una reacción; pues como muy bien señaló K. Popper: "... todo intento de traer el Cielo a la Tierra, acaba convirtiendo la Tierra en un Infierno". Permitaseme concluir recordándole al ejecutivo de la Junta de Andalucía una reflexión que hizo A. Schaff, una de las personalidades más relevantes de la izquierda europea, cuando se cuestionó cómo podía un gobierno de izquierdas resolver un problema en la práctica: "pienso que no existe una receta única, ya que estas no existen".

José Luis Sáez Lozano es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Granada e investigador visitante de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina.