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Tribuna:LA LUCHA CONTRA EL PARO

Por una participación activa de las corporaciones locales

El autor defiende que no se debe dejar sin oportunidad de formación y empleo a los parados, tanto jóvenes como adultos

La Cumbre de Luxemburgo es la expresión de la voluntad de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea de anticipar en el tiempo lo previsto en el Tratado de Amsterdam en materia de empleo. Lo más significativo de esta cumbre es, en definitiva, que se analizan los objetivos en materia de empleo de la Unión, se fijan los programas de actuación para el periodo 1998-2004, se determinan las directrices, se emprenden un mínimo de acciones para el año 1998 y se establece el método para la elaboración de los programas nacionales y su integración comunitaria.Quiero manifestar, en primer lugar, la inexistencia en el Plan Nacional de Empleo de unos objetivos que cuantifiquen el nivel de empleo que se prevé conseguir para la mejor competitividad de nuestro sistema económico y poder así alcanzar los niveles de bienestar y cohesión social que disfruta la mayoría de los países de la Unión Europea. Éste, que es uno de los puntos que se consideran más necesarios, no está incluido en la propuesta. El espíritu de la Comisión y la Cumbre de Luxemburgo (celebrada el pasado noviembre) era fijar como referencia la necesidad de alcanzar una tasa de ocupación (65%) y una tasa de desempleo (7%) significativa y estable.

Por el contrario, el Plan Nacional de Empleo tiene algunas diferencias con la metodología utilizada en esta cumbre. Por ello sería necesario profundizar más en el análisis de la situación de la economía española, sus puntos fuertes y débiles en relación al empleo, sus oportunidades y amenazas, e introducir indicadores de innovación para lograr la anticipación necesaria a los cambios que permita abordar satisfactoriamente las necesidades en tiempos de empleo.

En el Plan Nacional de Empleo presentado se habla de los desequilibrios territoriales y sectoriales de forma muy general, lo que, a nuestro juicio, supone una no cuantificación de estos desequilibrios. Al no expresar, tampoco, cómo se actuará para su minimización, cabe la posibilidad de la existencia de un margen excesivamente abierto a la discrecionalidad, que, aunque dada la voluntad del Gobierno no tiene por qué ser considerada negativa, tampoco puede ser considerada como positiva.

Finalmente, el método propuesto en Luxemburgo indicaba un proceso muy participativo de elaboración de la propuesta de la Unión. Los actores: Comisión, Parlamento, Comité de las Regiones y Consejo Económico Social, que adoptaron una resolución de consenso. Este método ha sido ignorado en el Plan Nacional de Empleo, en cuya elaboración no han participado las corporaciones locales.

Por tanto, reclamamos la inclusión en el documento del concepto de subsidiaridad, ampliamente extendido y aceptado en los países de nuestro entorno pero de escasa aplicación en el caso español. Difícilmente será posible cumplir los objetivos previstos sin la participación activa y real de las corporaciones locales. No es la única alternativa para gestionar políticas de promoción de empleo, pero sí es el ámbito donde resultan más eficientes.

En concreto, planteamos para combatir el desempleo juvenil y prevenir el desempleo de larga duración que no se debe dejar sin una actuación ocupacional a ningún desempleado joven que lleve menos de seis meses en esta situación y a ningún desempleado adulto antes de que hayan pasado 12 meses, tal y como recomiendan las directrices de Luxemburgo.

El cambio impulsado en Luxemburgo relacionado con políticas activas y pasivas supone, de hecho, un compromiso de difícil cumplimiento, salvo que se experimente un giro total en las prestaciones por desempleo, es decir, en el complemento de rentas. En todo caso es, probablemente, en el ámbito local donde se podrá abordar con mayor rigor social el debate sobre las prestaciones por desempleo y es en el territorio donde el equilibrio social actúa para no dejar a amplios sectores desatendidos.

Asimismo, la concepción de formación permanente como base de un perfil profesional empleable exige una nueva orientación del sistema educativo que permita que sea más permeable al entorno económico y laboral.

En nuestro país, el incremento del crecimiento económico y de la productividad ha supuesto casi exclusivamente el mantenimiento del empleo. La reestructuración del sistema productivo y de las empresas ha significado un cambio en la relación entre empleo industrial y empleo del sector servicios.

Pero esta transformación empresarial, fruto del cambio tecnológico y organizativo del sistema productivo, no ha resuelto los problemas de paro que se han generado derivados de la reestructuración, ni dicha transformación ha sido capaz de crear el número de empresas con la capacidad de absorber los efectos humanos que provenían del incremento de la población activa, en constante aumento por la presión demográfica y la positiva incorporación de la mujer al trabajo.

La ausencia de vocación empresarial es, pues, uno de los principales déficit en la economía y cultura emprendedora española. Debería darse prioridad en el Plan de Acción para el Empleo el análisis riguroso de este hecho.

Se necesita crear y dar el impulso y desarrollo a las Redes Locales de Centros de Servicios a las Empresas. Por ello, el Plan Nacional de Empleo debería tener en cuenta, a nuestro juicio, que la verdadera naturaleza del cambio productivo supone una revolución en la competitividad de las empresas, tanto en los productos como en las competencias de sus equipos humanos.

También el tiempo de trabajo y la accesibilidad física al mismo, el transporte, conforman cada vez más los elementos que inciden sobremanera en el empleo y la calidad del mismo.

Pensamos que una actuación decidida en el terreno de la planificación estratégica local y comarcal es la que es capaz de lograr una concertación en los objetivos, posibilidades y medidas a adoptar para garantizar la competitividad fuera del territorio y, por tanto, de sus empresas, sus recursos humanos y la ciudadanía en general.

En este asunto de alta sensibilidad social sería necesaria una seria reflexión sobre si se debe actuar favoreciendo una actuación tendente a minimizar los desajustes sociales básicos en la discriminación que padecen algunos sectores como la mujer, las personas discapacitadas o excluidas socialmente en el mercado de trabajo, o, por el contrario, posibilitar lo que dicen las leyes y remover los obstáculos que impiden, especialmente a la mujer y a los discapacitados, el acceso al empleo.

Por ello debería considerarse un plan nacional para la plena integración de la mujer al mercado de trabajo, un plan nacional para la integración de los discapacitados en el mercado laboral y un plan nacional contra la exclusión social.

Este plan tendría que ir transitando todos los niveles institucionales y tener su última concreción en el entorno local. El plan, en sus diferentes niveles, debería contar con el respaldo activo de todos los actores sociales, entidades no lucrativas que actúen en esos ámbitos y organizaciones empresariales.

En el proyecto hay un alto grado de indefiniciones que deben ser subsanadas en el ánimo de asumir Luxemburgo como directriz y, en todo caso, emplazarse a la subsanación de las mismas en el devenir próximo.

Los objetivos de Luxemburgo son alcanzables poniendo en práctica una nueva cultura del consenso y la participación en la definición nítida de que el objetivo común y la prioridad es la lucha por el empleo y la cohesión social.

Pedro Castro Vázquez es alcalde de Getafe y presidente de la Comisión de Empleo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de junio de 1998