400.000 aprendices podrán realizar sus prácticas en cualquier país de la UE
Más de 400.000 aprendices europeos podrán realizar sus prácticas de formación en empresas de los distintos países de la Unión Europea (UE). Así lo aprobaron ayer los ministros de Educación y Trabajo. Los Quince otorgan así a los jóvenes de formación profesional las mismas posibilidades de movilidad geográfica de las que se benefician los universitarios europeos gracias al programa Erasmus.
El proyecto, lanzado hace un año por la comisaria Edith Cresson, es barato. Cuesta 7,3 millones de euros (unos 12.000 millones de pesetas) en su quinquenio de aplicación, entre el 2000 y el 2004. Pero revolucionará la movilidad de la mano de obra de técnicos y trabajadores como la ha revolucionado el programa Erasmus para los universitarios. Al acabar 1999, 1,2 millones de estudiantes se habrán beneficiado de él durante un quinquenio.El esquema es sencillo. Los 15 Gobiernos reconocen los periodos de formación, aprendizaje o prácticas realizados por sus nacionales en empresas situadas en otro Estado miembro, llamados itinerarios europeos. Al acabar la experiencia -planificada entre los Gobiernos de los países de origen y de acogida de los jóvenes afectados y tutelada por el centro de acogida-, el Gobierno de origen extenderá un certificado acreditativo de su realización. Ese documento, el Europass-formación, detallará los contenidos de la formación, su duración, el título que concede, el centro que la ha tutelado y las calificaciones.
Los Quince dieron ayer otro paso en la dirección de la Europa social, con mayor movilidad laboral, al aprobar la directiva sobre pensiones complementarias. Hasta ahora, los trabajadores que emigraban a otro país, incluso de la UE, corrían el riesgo de perder los derechos a estas pensiones que habían acumulado, por ejemplo, a través del fondo establecido en su empresa. Las públicas u obligatorias estaban ya garantizadas por una directiva de 1971.
La nueva norma garantiza que los derechos adquiridos en ningún caso se perderán por causa de cambio de destino geográfico, que estas pensiones podrán pagarse en otro Estado de la UE diferente del de origen y que el empleado que lo desee podrá seguir acogido al mismo fondo empresarial cuando sea destinado por su dirección a un puesto en otro Estado miembro.
La importancia de la decisión se calibra por el número de posibles afectados: los trabajadores desplazados por un periodo corto (un año) dentro de la UE ascendían a 540.000, y por más plazo, a 14.700. No todos ellos tenían pensiones complementarias. Pero cada vez serán más quienes se adscriban a ellas.
Cogestión
Donde no hubo acuerdo, aunque se rozó, fue en el Estatuto de la Sociedad Europea (SE), pendiente desde hace 28 años. Es un proyecto para crear sociedades anónimas de ámbito comunitario (por fusión de varias nacionales, vía creación de un consorcio con filiales en varios Estados o mediante la formación de una filial común). Coexistirían con las nacionales, ahorrando los costes financieros y administrativos de la creación de redes en cada país, estimados en varios miles de millones de ecus anuales.La patronal presiona para lograr ese estatuto, que beneficiaría sobre todo a las pyme, pues las multinacionales sortean mejor la dispersión legislativa mercantil de los Quince. Casi todo está ya acordado. "Hemos recorrido 98 de los 100 kilómetros", dijo el presidente, el británico Ian McCartney.
Pero hubo dos escollos. Uno, la representación de los trabajadores en la empresa europea. Mientras los alemanes pugnaban por extender a ella su mecanismo de cogestión (presencia en el consejo de administración de sociedades con más de 2.000 trabajadores), Francia, España e Italia reclamaban que eso no fuera automático, sino de forma pactada. Alambicadas fórmulas de compromiso acercaron posiciones, aunque no lo suficiente. Y otro escollo, el desacuerdo sobre la propuesta irlandesa de que las Sociedades Europeas puedan nacer "por conversión" de una sociedad anónima nacional.
