El fiscal pide cinco años y medio de cárcel a Berlusconi por financiación ilegal del PSI

Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia y magnate de los medios de comunicación italianos, recibió ayer otra mala noticia de la fiscalía de Milán. El magistrado Francesco Greco, miembro del grupo Manos Limpias que destapó la ola de escándalos en 1992, solicitó ayer para el jefe de la oposición política italiana una pena de cinco años y seis meses de cárcel y una multa de mil millones de pesetas por presunta corrupción y falsedad en la contabilidad de sus empresas. El juez Greco acusa al presidente del grupo Fininvest y a varios de sus altos empleados de haber «maquillado» las cuentas de las empresas de su propiedad para financiar ilegalmente al Partido Socialista Italiano (PSI) de Bettino Craxi.

El grupo Fininvest contraatacó ayer con una escueta nota en la que tildaba la petición fiscal de «represalia» de los jueces milaneses.En 1991, en vísperas del estallido del escándalo de financiación ilegal y corrupción política más sonado de la moderna historia italiana, Craxi, hoy exiliado en Hammamet (Túnez), y otros dirigentes políticos, recibían cifras fabulosas de las principales empresas del país a través de cuentas bancarias abiertas en el exterior.

Los pagos se hacían mediante un complejo sistema de intermediarios y sociedades ficticias que ha sido desentrañado por el grupo de fiscales de Milán. Según la acusación inicial de la fiscalía, una filial de Fininvest -el grupo que preside Berlusconi, segundo hólding privado italiano después de Fiat-, la sociedad All Iberian pagó unos seis millones de dólares (unos 900 millones de pesetas al cambio actual) en octubre de 1991 a un antiguo dirigente del PSI con destino, presuntamente, a las arcas del partido. A lo largo del proceso, el juez Greco ha presentado nuevos documentos procedentes de Suiza que avalan las tesis de la acusación. Las nuevas pruebas hacen referencia, por ejemplo, a la existencia de un ingreso de unos 10 millones de dólares en cuentas de Craxi. Los pagos se habrían hecho a través de bancos en las Bahamas, Hong Kong y Suiza.

Junto a Berlusconi están implicados en el proceso Giancarlo Foscali, para quien el fiscal solicita una pena similar a la de su jefe, y el propio Craxi, para el que se reclama una pena de cuatro años de cárcel y una indemnización de mil millones de pesetas. En la lista de imputados con inferiores peticiones de pena figuran otras siete personas, colaboradores del ex dirigente socialista o empleados de alto rango de Berlusconi. Al concluir su acusación, el fiscal Greco subrayó ayer que en la cuenta llamada Northern Holding fueron depositadas comisiones en favor del PSI procedentes de numerosas empresas ansiosas de «estrechar lazos» con el poder político. «El único que hasta ahora no ha aceptado su responsabilidad (en estos hechos) es el grupo Fininvest», añadió Greco.

La empresa All Iberian estaba radicada en un paraíso fiscal y, a través de ella, según la acusación, se desviaba el dinero destinado a financiar a los socialistas. La tesis de la fiscalía es que los administradores y dirigentes de Fininvest tenían que estar forzosamente al corriente de las turbias operaciones realizadas desde All Iberian, ya que «todas las operaciones eran financiadas por Fininvest».

En su día, Berlusconi se defendió de las acusaciones al replicar que All Iberian era una sociedad de servicios por cuenta de terceras personas. Sin embargo, la fiscalía sostiene que Fininvest tenía el control operativo de esta sociedad ficticia. Este proceso, junto al que se sigue paralelamente contra el líder de Forza Italia por presunto soborno a los inspectores de la Guardia de Finanza para que suavizaran los controles fiscales sobre tres de sus empresas, constituye su mayor pesadilla judicial.

Estratagema legal

Cuando estalló el caso de los sobornos en 1994, el entonces primer ministro Berlusconi recurrió a una estratagema legal para evitar que el tren de la justicia le arrollara. Congeló temporalmente sus derechos sobre el grupo empresarial Fininvest y anunció que quedaban en manos de un alto comité de expertos. Después de todo, resultaba considerablemente atípico que el jefe del Gobierno de un país democrático dispusiera de un verdadero imperio económico. Fininvest tiene ramificaciones en los sectores de comunicación, producción y distribución cinematográfica, edición, grandes almacenes, finanzas e inmobiliario.El año pasado, el líder de Forza Italia fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por un tribunal de Milán que le encontró culpable de fraude en la operación de compra, en 1989, de la empresa cinematográfica Medusa. El ex primer ministro italiano no tuvo que ir a la cárcel por este delito, ya que la pena le fue condonada en aplicación de un indulto dictado en 1990.