Las ONG de Girona salen hoy a la calle para pedir la penalización del tráfico de inmigrantes

Bajo el lema Mai més Capmany, las ONG gerundenses saldrán hoy a la calle para expresar la indignación y el estupor que les ha causado la sentencia que absuelve al organizador del viaje del camión patera que volcó en Capmany y causó la muerte de 11 de los 16 inmigrantes ilegales que viajaban ocultos entre un cargamento de botellas vacías. La movilización, a la que se sumará la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, rechazará el vacío legal que en España impide penalizar el tráfico de inmigrantes. CiU emprenderá acciones en el Congreso para reformar la ley.

La sentencia, que se hizo pública el pasado jueves, "pone en evidencia una clamorosa falta de medios legales para erradicar el tráfico de inmigrantes", según reconoce el abogado Joaquim Bech de Careda, defensor de cuatro de los supervivientes del accidente de Capmany. El abogado afirma que bajo una "estricta y fría visión legalista", la resolución judicial era previsible, pero admite que ha representado un durísimo golpe para sus clientes y para las ONG de ayuda a los inmigrantes. En los próximos días, Bech de Careda se sumará a una comisión que elaborará un informe técnico encaminado a tipificar el tráfico ilegal de inmigrantes como delito en el Código Penal. "Durante la instrucción y el juicio oral hemos venido repitiendo que este delito era de muy difícil encaje en la actual legislación", explica. La laguna legal que ha permitido escapar a Lakbir Aitsaláh, a pesar de que el juez considera probada su participación en los hechos, tiene unos límites precisos. "Los artículos 312 y 313, en los que debíamos basar la acusación, están incluidos en el título referido a los delitos contra los derechos de los trabajadores y precisamente esta definición laboral constituye el verdadero escollo", explica Bech de Careda. Derecho a la vida El primer paso de la nueva reglamentación, según el abogado, debe empezar por incluir el tráfico de inmigrantes en un título referido al derecho a la vida, a la dignidad o al honor, pero nunca a los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, debe tipificarse el delito en un capítulo concreto castigándolo con penas superiores a tres años, añade el letrado. En Italia se llega hasta los ocho años de reclusión. Una ley efectiva, en opinión de Bech de Careda, debería introducir también agravantes, como la pertenencia a grupo organizado, similares a los que se establecen para el tráfico de droga. Bech de Careda relata que las víctimas de Capmany, originarias de Beni-Melal, un pueblo del pre-Atlas de Marruecos, representaban la única esperanza de progreso para sus familias, que en muchos casos habían vendido gran parte de sus posesiones para pagar entre 400.000 y 600.000 pesetas a las organizaciones mafiosas. La electricidad no llega a la mayoría de estos pueblos olvidados del centro del país, pero un generador da la energía suficiente para hacer funcionar un televisor conectado a una parabólica, a través de la cual el sueño europeo se cuela en los hogares más humildes. Tánger, Tetuán y los límites de Ceuta y Melilla acumulan millares de jóvenes deseosos de cruzar el Estrecho a cualquier precio. Precisamente desde estos enclaves se extienden hacia España los tentáculos de las organizaciones mafiosas. "Las mafias tienen un jefe financiero, que recauda el dinero, y un jefe logístico, que organiza los viajes", explica Bech de Careda. Las declaraciones de los inmigrantes ponen sobre la pista de tres avanzadillas logísticas en suelo español: una puerta de entrada en el sur de la Península, una zona puente entre Valencia y Murcia, y el paso fronterizo en el Alt Empordà. "Para luchar contra el delito debe actuarse contra todos y cada uno de los miembros de esta organización jerarquizada y disponer de una legislación en la que sea tan culpable quien cobra el dinero a los inmigrantes como quien les esconde en el bosque y les busca un camión para cruzar la frontera", argumenta el abogado. La concentración en Girona está prevista para las 19.15 en la plaza del Vi.