Guinea expulsa a periodistas españoles antes de dictar el fallo por el juicio de Malabo

El ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Miguel Oyono, comunicó anoche al embajor español en Malabo, Jacobo González, que es «decisión firme del Gobierno» que los ocho periodistas españoles acreditados para cubrir el consejo de guerra sumarísimo contra 117 procesados de la etnia bubi deben abandonar el país. Esta expulsión es inmediata e inapelable. Los informadores deben tomar el avión de Iberia que hoy despega hacia Madrid. Las razones dadas son muy simples: «Los trabajos no han cumplido las expectativas».

El Gobierno de Malabo les acusa de insultar al presidente Teodoro Obiang Nguema y al Ejecutivo y de mancillar la imagen exterior del país. Salvo que medie una contraorden, esta decisión, que afecta a los informadores de EL PAÍS, TVE, Efe, La Vanguardia y El Heraldo de Aragón , es el triunfo del sector duro del régimen encabezado por el ministro delegado de Defensa, el general Melanio Ebendeng, quien desde el primer día ha mantenido una actitud hostil con la prensa extranjera. Al enviado especial de EL PAÍS, en concreto, se le acusa de haber informado sobre las torturas sufridas por los presos, de mentir en las mutilaciones de las orejas de los mismos -evidentes a simple vista, pero calificadas de simples «tatuajes» o de «defectos de nacimiento» por el Gobierno-, de dar excesiva voz a los abogados defensores -son «unos radicales de la oposición», en palabras del ministro Oyono- y de relatar algunas de las irregularidades procesales cometidas.La decisión comenzó a urdirse el pasado lunes, 24 horas después de la llegada de los informadores a Malabo. Se advirtió a los periodistas de que no podían mezclar el nombre del presidente Obiang con el desarrollo del consejo de guerra ni informar de nada que no fuera el propio juicio.

Al mediodía de ayer, el ministro de Infomación y Cultura, Lucas Nguema, dijo a este enviado especial: «Hoy tampoco me ha gustado nada tu crónica. Creo que te vas en el avión de mañana (por hoy)». Preguntado si se trataba de una expulsión, Nguema lo negó. «No, sólo que el juicio ya ha terminado... Su trabajo en Guinea ha concluido». ¿Y la sentencia? «Se la enviaremos por fax», replicó en tono serio. Después se mostró condescendiente, confiando que había un sector militar presente en la sala del juicio que pretendía dar un escarmiento. «Nosotros les frenamos», reveló Nguema. El mismo ministro Oyono no parecía estar al corriente de la situación, pues a esa misma hora anunciaba a la enviada especial de La Vanguardia que todos los periodistas tendrían permiso para viajar hoy a Luba, donde se produjeron los graves sucesos del 21 de enero que ahora se juzgan.

Al final se impusieron los militares. Obiang aceptó su versión de los hechos: ha sido un error dar visado a los periodistas españoles (válido hasta el día 7 de junio). Se acabaron pues los testigos incómodos. Las miradas del exterior que «desnudan el país», en palabras de Lucas Nguema. Ahora, el juicio podrá concluir entre bambalinas, en penumbra. Atrás queda la duda de una denuncia recibida ayer sobre la muerte en prisión de uno de los procesados. Es una información que no se podrá comprobar en la vista pública del lunes, cuando está previsto que el tribunal militar pronuncie la esperada sentencia.

Su estudio y análisis no debió de ocuparle ayer demasiado tiempo al coronel Santigo M. Nguema, presidente del consejo de guerra sumarísimo que debe dictar la suerte de los 117 procesados. El militar se paseaba ayer de paisano en su destartalado Seat Panda por las calles de Malabo. La oposición democrática tenía la esperanza de que el hecho de haber permitido la entrada al país de periodistas españoles y de dos observadores de Amnistía Internacional, que también salen hoy del país, fuera una señal positiva. «No es lógico dejarles presenciar un consejo de guerra que pueda terminar después ante un pelotón de fusilamiento», decían. Ahora, sin luz ni taquígrafos, todo es posible.