Fútbol gubernamental

EL ORGANISMO diseñado por el Gobierno (por decreto) para decidir qué acontecimientos deportivos serán considerados «de interés general» -susceptibles, por tanto, de ser televisados en abierto- confirma las sospechas de ese intervencionismo arbitrista en el ámbito empresarial que tanto complace al Ejecutivo. Su composición, además de mastodóntica, no sólo impide una utilización neutral del mismo, sino que contiene el sesgo de cualquier institución de control político. El Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas estaba previsto en la Ley del Fútbol, recurrida ante el Tribunal Constitucional y denunciada ante la Comisión Europea. Instituciones aparentemente similares las hay en otros lugares de Europa, en culturas democráticas en las que se busca la independencia de criterio, no el vasallaje al Gobierno de turno. A título de ejemplo, la ley británica de 1996 que introdujo consideraciones de este tipo es tajante en su carácter no retroactivo y afecta sólo a los contratos firmados con posterioridad. Lo contrario que en España, cuya ley confisca derechos legítimamente adquiridos, lo que genera inseguridad jurídica.La composición del consejo constituye, en sí, un disparate asambleario -52 personas (sólo nueve menos que, por ejemplo, el Comité Económico y Social)- y rezuma todo tipo de sensaciones, salvo la de independencia. Bajo la apariencia de pluralismo -muchos, que no diversos-, el Gobierno se asegura un cómodo control y mayoría en este organismo. Estará encabezado por el Ejecutivo a través del secretario de Estado para el Deporte, y habrá tres altos cargos del Ministerio de Fomento, institución harto conocida por su interés en el deporte y su objetividad en estos asuntos. De los 52 miembros que teóricamente pueden estar más interesados en la cuestión, sólo tres representantes de las cadenas privadas, dos de los operadores de plataformas digitales y uno sólo por los clubes de fútbol.

La creación de este consejo es una pieza más del puzzle elaborado por el PP contra el desarrollo de una televisión no sometida al poder político y, en general, contra la libertad de empresa: desde la paradójica doctrina del interés general aplicada al fútbol, y la guerra de los descodificadores digitales (que Bruselas corrigió para bochorno de nuestros liberales gobernantes), hasta la decisión de estrangular la producción cinematográfica española forzando a TVE a no comprar ninguna película coproducida por otras empresas de televisión. Hoy el Gobierno cuenta con un arma más: su consejo.