Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Guinea no presenta pruebas contra los españoles

Los cuatro españoles de origen guineano -Juan de Dios Ripeu, José Luis Aran Bomaho, Alejandro Choni Tonka y Francisco Biachó Chale- encausados en el macrojuicio de Malabo tuvieron ayer la oportunidad de ser oídos por el tribunal militar que juzga sumarísimamente a 117 personas de la etnia bubi acusadas de actos de terrorismo y otros graves delitos que pueden acarrear la pena capital. Ninguno de ellos fue interrogado por el fiscal, que prefirió centrarse en los acusados por hechos de sangre, y, preguntados por su abogado defensor, se declararon inocentes.

Un abogado estadounidense presente en la sala consideró el silencio del fiscal como una buena señal. «Es evidente que no tienen pruebas contra los cuatro españoles. Mi impresión es que serán puestos en libertad», aseguró. En contra de las esperanzas del presidente del tribunal, el coronel Santiago Mouma, que confiaba en terminar ayer mismo la vista, la sesión quedó suspendida a las cinco y media de la tarde tras siete horas de declaraciones. Hoy se espera que el fiscal militar concrete las peticiones de penas y los abogados defensores lean su alegato final. La sentencia podría dictarse el viernes o a lo largo de la próxima semana.A diferencia de la primera jornada, la mayoría de los detenidos denunciaron ayer haber sufrido torturas -«me colgaron como a un murciélago», «me dictaron la declaración que tenía que hacer», dijeron dos de ellos y cuestionaron la validez de sus testimonios ante la policía, sobre las que se ha basado casi en exclusiva el fiscal. El coronel Mouma cortó con tono marcial cada alusión a malos tratos, pues a su entender, no se ciñen a la causa. Mouma insistió en al menos dos ocasiones en que la ratificación de estas declaraciones ante el juez instructor les daba plena validez.

Fue precisamente uno de los cinco abogados militares de oficio -que defienden a 50 de los 117 procesados- quien llamó la atención del presidente del tribunal: «Señoría; la gente de baja cultura no sabe lo que significa ratificar, y nadie les informó de las consecuencias de ello». Este letrado insistió en que no se habían realizado pruebas periciales sobre las armas, ni recogido huellas dactilares, ni realizados análisis de sangre, por lo que no existía seguridad jurídica alguna de que los acusados fueran los verdaderos autores de los cinco asesinatos de Bioko.

Martín Puyé, portavoz del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), que se halla entre los acusados como encubridor, dijo que aquellos asesinatos fueron «la explosión de ira» del pueblo bubi tras 30 años de represión y pidió que el presidente Teodoro Obiang abra la vía del diálogo. Su abogado le definió como un preso de conciencia, al igual que otros jefes del MAIB, presos por el sólo hecho de pertenecer a esta organización.

«Actos de terrorismo»

El Gobierno de Guinea Ecuatorial rechaza esta versión. Para el ministro de Exteriores, Miguel Oyono, los hechos del 21 de enero «son puros actos de terrorismo». «Se intenta presentar al mundo este juicio como un problema étnico, y no es así. Se lo aseguro. Cuando ustedes (los españoles) juzgan a etarras no hablan de presos vascos, sino de terroristas. Éste es el mismo caso», aseguró ayer a EL PAÍS. Oyono cree que la denuncia de las torturas son «una estrategia de defensa» con el fin de desvirtuar los verdaderos acontecimientos.Los cuatro españoles implicados salieron muy bien parados de la jornada. Primero, el fiscal renunció a interrogarles. Después, su abogado defensor, Fabián Nsue, fue preciso en las preguntas, y ellos, claros y contundentes en sus respuestas. Resultaron convincentes. Dijeron haber sido detenidos por ser bubis. Negaron cualquier vinculación con los actos del 21 de enero, así como ser legionarios. «Yo no sé cómo se me puede acusar de eso, si ni siquiera hice el servicio mililar en España», dijo José Luis Aran entre las risas del público. Dos de los españoles denunciaron malos tratos en el momento de la detención y los cuatro relataron cómo la policía les robó todo su dinero y parte de sus pertenencias. Nsue insistió ayer en la falta de garantías sumariales, la imposibilidad de haber asistido a los interrogatorios y la existencia de torturas.

Dos delegados de Amnistía Internacional presentes en el juicio como observadores mostraron su extrañeza de que dos de las cinco mujeres detenidas no figuren como inculpadas en la causa. Es el caso de Trinidad Bokesa, juzgada en lugar de su marido, que ha huido. Lo mismo le sucede a Domiciliana Birole, amante de Alex Bita, uno de los jefes de la rebelión. A ella ni siquiera le dejaron declarar como testigo. «Si usted es la novia de Alex no puede declarar por razones de vínculo», dijo el presidente del tribunal. Uno de los abogados presentes en la sala razonó en voz baja: «Si ese vínculo no le sirve para declarar no entiendo cómo sirve para que lleve ya cuatro meses detenida».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de mayo de 1998

Más información

  • El fiscal militar de Malabo evitó interrogar a los cuatro procesados con nacionalidad española