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TRIBUNA

Pegatinas paralelas

El comienzo -anteayer- de la vista oral del caso Marey es la prueba del nueve de la solidez del Estado de Derecho en la España democrática: varios altos cargos del Ministerio del Interior durante la etapa socialista se sientan en el banquillo, acusados del secuestro en diciembre de 1983 -acción reivindicada por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)- de un ciudadano francés. Los juicios paralelos para condicionar las decisiones del Supremo en el caso Marey cubren todas los supuestos imaginables: mientras algunos dirigentes del PSOE y los portadores de pegatinas exculpatorias del ex ministro dictan por anticipado la absolución de Barrionuevo y Vera, los militantes y publicistas mas aguerridos del PP, IU y el PNV exigen su condena. La operación no es inocente: sólo un desmesurado optimismo antropológico podría concluir que los jueces son insensibles a la escandalera política y mediática organizada a las puertas de sus despachos.Los veteranos de esas prácticas intimidatorias suelen fingir un respeto reverencial hacia la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el inexperto Cascos fue lo bastante imprudente como para declarar el 10 de septiembre de 1995 a la agencia Europa Press que la justicia española se jugaba "el prestigio" en el caso GAL, dado que "la opinión pública española ya ha dictado su propio veredicto político"; según el actual vicepresidente primero del Gobierno, "en la medida en que la sentencia no se corresponda con el veredicto de los ciudadanos" la justicia "va a salir perdiendo". De acuerdo con la doctrina Cascos, el Supremo no tendría más salida en el caso Marey -si quiere mantener su crédito ante los ciudadanos- que limitarse a copiar al pie de la letra y con buena caligrafía el fallo ya pronunciado por la opinión pública: una salomónica esfinge que sólo comunica sus sentencias a los tertulianos y publicistas capaces de coincidir con Cascos en el desciframiento de sus ominosos mensajes.

Los promotores de los juicios paralelos para absolver o para condenar a los acusados del sumario Marey amenazan de forma explícita (si aplican la doctrina Cascos) o implícita (si actúan de manera menos grosera) con deslegitimar al Supremo en el caso de que la mayoría de los once magistrados de la Sala Segunda no sigan obedientemente sus dictados. Nadie debería infravalorar esa fanfarrona estrategia: las vistas orales de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y del caso Filesa mostraron la potencialidad de esas campañas de desprestigio. Los juicios paralelos explotan en su favor la inevitable distancia registrada entre las claras evidencias de la vida cotidiana, gobernada por el sentido común, y la jerga técnica del mundo procesal, que residencia la realidad en el sumario y que otorga al acusado la protección de un generoso sistema garantista. La ingenua pretensión de que la verdad judicial establecida por los magistrados puede ser el calco fiel de alguna de las múltiples y contradictorias verdades históricas al alcance de los legos significaría renunciar a un logro de la Ilustración: que ningún inocente pueda ser condenado, aun a costa de que algún culpable pueda escapar a la justicia.

Han transcurrido dos décadas desde el restablecimiento de la democracia en España: durante estos años, la carrera judicial ha pasado por el mismo proceso de remozamiento generacional y de interiorización de valores constitucionales que las restantes instituciones del Estado. Cabe presumir, por cálculo de probabilidades, que hay jueces venales, prevaricadores o incompetentes; no existen razones, sin embargo, para suponer que la magistratura ofrezca mayores niveles de corrupción, parcialidad o estupidez que la política, la universidad, la abogacía o el periodismo. Dado que la distribución de los vicios y de las virtudes en una sociedad es aleatoria, los magistrados encargados del caso Marey estarán seguramente equiparados intelectual y moralmente con los promotores de los juicios paralelos que pretenden darles clase de derecho y dictarles los veredictos; esos once jueces del Supremo, en cambio, tienen a su favor una clara ventaja: dominan un oficio dificil de adquirir y de ejercer, han estudiado un sumario formado por miles de folios, tienen experiencia para apreciar las pruebas y conocen la jurisprudencia sobre atenuantes, agravantes y prescripciones. Sea cual sea la opinión privada que cada cual pueda expresar -el día en que el Supremo dicte sentencia- sobre la correspondencia entre la verdad judicial del caso Marey y su verdad histórica, parece obligado recordar que las normas, los valores y los usos del Estado de Derecho atribuyen al Poder Judicial la última palabra pública sobre la resolución de los conflictos jurídicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de mayo de 1998